Por: Valerio Palombaro - Ciudad del Vaticano

Más de ocho millones de personas en Colombia viven bajo la influencia de grupos armados, y sus necesidades de protección se incrementaron un 35,7% entre 2025 y 2026. Así lo informó Cáritas Colombia en un comunicado emitido tras la reunión del Grupo de Trabajo para Colombia, celebrada recientemente en Bogotá. La reunión del Grupo, integrado por el obispo Juan Carlos Barreto, presidente de la Comisión Episcopal de la Secretaría Nacional de Pastoral Social, y el padre Diego Meza, director de dicha institución, forma parte de las actividades conmemorativas del 70.º aniversario de Cáritas Colombia.

«Las disputas territoriales, los confinamientos, el desplazamiento, el reclutamiento y la utilización de menores en la guerra, las economías ilícitas, sumados a las emergencias climáticas y al aumento de la movilidad humana, limitan los derechos, restringen el acceso humanitario y socavan la autonomía de las comunidades», subraya el mensaje difundido al término de la reunión. 

Enfrentamientos en el departamento de Nariño

Uno de los ejemplos más recientes de esta violencia se ha registrado en el departamento suroccidental de Nariño, fronterizo con Ecuador, donde los enfrentamientos entre grupos armados llevaron, ayer, a la Defensoría del Pueblo, a solicitar una intervención humanitaria urgente para atender sus necesidades y garantizar sus derechos.

Los enfrentamientos armados, que comenzaron el sábado pasado, enfrentan a las Autodefensas Unidas de Nariño contra el Estado Mayor Central (CMC), una facción disidente de las antiguas FARC. Según medios locales, los combates han obligado a unas 400 personas a permanecer confinadas en una zona rural del municipio de Linares.

Abandonar el camino de la violencia

La violencia en el departamento de Nariño es solo uno de los muchos focos de violencia que siguen azotando a Colombia tras los acuerdos de paz firmados hace diez años entre el gobierno y las FARC. El Grupo de Trabajo de Cáritas expresa su preocupación por los riesgos que enfrentan, en particular, niños, niñas, mujeres, líderes sociales, defensores de derechos humanos, defensores ambientales y pastores.

Ante esta realidad, el documento final insta a los actores armados a "abandonar la violencia y avanzar hacia su fin", exigiendo "el cese de los ataques contra la población civil, el reclutamiento, las restricciones a la movilidad y el respeto a los derechos humanos". Cáritas Colombia también reitera su apoyo al diálogo y a los acuerdos humanitarios para proteger a las comunidades en zonas afectadas por el conflicto.

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Implementar el acuerdo de paz

Por consiguiente, el Grupo de Trabajo exhorta al gobierno colombiano, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, a impulsar la aplicación integral del Acuerdo de Paz de 2016 y, en coordinación con las autoridades territoriales, a fortalecer la protección de las comunidades y sus líderes, prevenir nuevos ataques y garantizar asistencia integral a las víctimas.

Asimismo, solicita que se garantice la participación política, la protesta social y las iniciativas de paz; y pide a la comunidad internacional que mantenga su apoyo a la aplicación del Acuerdo de Paz y a las víctimas en su búsqueda de "verdad, justicia, reparación y no repetición".

El compromiso diario con la paz

«El porte de armas y la venganza por parte de la ciudadanía solo alimentan la espiral de guerra», denuncia el grupo de trabajo de Cáritas en Colombia, asegurando su voluntad de seguir apoyando las iniciativas de paz lideradas por la comunidad y promoviendo el diálogo pastoral para facilitar la asistencia humanitaria y la protección en las zonas afectadas por el conflicto.

Finalmente, se reafirma el compromiso con una Colombia reconciliada, donde todas las personas puedan vivir libres de miedo y violencia: «La paz», afirma, «nos llama a todos y exige compromisos diarios y permanentes».

Cáritas también vincula la construcción de paz con la justicia social y la protección del medio ambiente. «La injusticia social y el deterioro ambiental son parte de la misma crisis», advierten, refiriéndose al daño que la minería irresponsable, la deforestación y la crisis climática causan a las comunidades y sus medios de subsistencia. De ahí el llamado a las autoridades políticas y a la sociedad civil para promover un «desarrollo justo, sostenible e inclusivo», así como para combatir la corrupción y garantizar los derechos en los territorios.