Cómo puede obligarse a un fiel, no digamos a un sacerdote, expresar admiración, afecto y lealtad a un grupo confesionalmente ateo que ha perseguido cruelmente la fe y que sigue haciéndolo, si bien de modo más solapado, entra dentro de los orwelliano.

La política antirreligiosa afecta a todas las confesiones, y se ha recrudecido considerablemente en los últimos años, según la Sociedad Internacional de Derechos Humanos (ISHR) con sede en Frankfurt, y tiene su última puntilla en el citado decreto, que entrará en vigor el próximo 1 de mayo.

El decreto obliga a los sacerdotes a «promover la unidad nacional, la unidad étnica, la armonía religiosa y la estabilidad social», prohíbe “poner en peligro la seguridad nacional” o “socavar la unidad nacional” y “dividir el país”, y somete a los mensajes escritos u orales de los clérigos al control del Partido Comunista para que reflejen sus consignas ideológicas.

Pekín planea imponer sus nuevas directrices con drásticas medidas de control drásticas, incluida la asignación de un código numérico personalizado de doce dígitos que forma parte de un sistema de clasificación. Por ejemplo, los clérigos deben obtener un permiso previo para realizar actividades religiosas. Si no cumplen, podrían perder su facultad de ejercer su ministerio y enfrentarse a una serie de sanciones.

Llama poderosamente la atención que, en un momento en que la Santa Sede y la jerarquía católica de todo el mundo se muestra especialmente sensible con los derechos humanos, denunciando su vulneración en casos concretos, ignore por completo el espantoso historial en este sentido de la tiranía china, que tiene entre sus víctimas preferentes a los fieles.