Debido a las agresiones perpetradas en contra de integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui en el municipio de Urique, Chihuahua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció la existencia de una situación riesgosa y les concedió medidas de protección.

Mediante un comunicado, el órgano adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA) detalló que las amenazas que ha sufrido dicha comunidad han sido un obstáculo para el desarrollo de sus actividades pastorales y de apoyo a las poblaciones de la región.

Tras el asesinato de los sacerdotes Joaquín Mora y Javier Campos el 20 de junio de 2022, la Compañía de Jesús fijó una postura severamente crítica e incrédula ante la estrategia de seguridad implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Por tal motivo, se desató “un contexto de estigmatización y deslegitimación” en contra de las y los jesuitas.

Sumado a ello, la Comisión reconoció las dificultades y obstáculos a los que se enfrentarían las instituciones para implementar las medidas de seguridad anunciadas de manera inmediata por el Estado ante el brutal crimen.

El establecimiento de una Base de Operaciones Interinstitucionales con enfoque multicultural, la instalación en Choreachi de una subsede del Ministerio Público y las reuniones con representantes para medidas de seguridad fueron algunas de las acciones anunciadas por las autoridades. No obstante, estas medidas serían un esquema de seguridad poco idóneo y efectivo, en consideración de la CIDH.

Ante dicha situación, el órgano autónomo urgió al gobierno mexicano a:

- Adoptar medidas de seguridad necesaria para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarios (integrantes de la comunidad jesuita) a fin de prevenir actos de amenaza, intimidación y violencia en su contra.

- Implementar medidas de protección que les permitan realizar sus labores pastorales sin ser hostigados.

- Acordar directamente con las y los jesuitas las medidas que se pondrán en práctica.

- Informar sobre las acciones puestas en marcha para investigar los actos de violencia y agresiones perpetradas por el crimen organizado.

Cabe recordar que, de acuerdo con información proveniente de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua, el responsable de la ejecución múltiple del 20 de junio, que también cobró la vida de Pedro Eliodoro Palma, fue un sujeto identificado como José Noriel Portillo, alias “El Chueco”, líder de una célula del grupo criminal Gente Nueva, brazo armado del Cártel de Sinaloa en la entidad.

El lamentable suceso causó una gran indignación entre los integrantes de la Compañía de Jesús y otros grupos religiosos, misma que únicamente creció con el paso del tiempo, ya que no se ha tenido acceso a la justicia.

Por si fuera poco, en meses posteriores al crimen se dio a conocer que las Fuerzas Armadas pudieron haber evitado el asesinato de los sacerdotes jesuitas, pues tenían pleno conocimiento de las actividades criminales del “Chueco” en la sierra Tarahumara por lo menos desde 2020.

Según los documentos oficiales obtenidos tras el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), José Noriel Portillo era un objetivo prioritario para el gobierno de Chihuahua desde la administración de Javier Corral. Sin embargo, los operativos para capturarlo se habrían mantenido suspendidos y no fueron retomados sino hasta que ocurrió el cruel asesinato de los clérigos.

El desencanto hacia las fuerzas de seguridad se hizo aún mayor cuando los informes militares revelaron que, en los días siguientes a los hechos, se giraron instrucciones para monitorear las declaraciones de las autoridades religiosas de la zona para evaluar si implicaban una crítica contra el gobierno de López Obrador.

“Es muy grave y preocupante que la inteligencia militar no se haya concentrado en localizar al perpetrador de los asesinatos y sí en monitorear los pronunciamientos públicos de los sacerdotes”, sentenció la Compañía de Jesús en un comunicado. Hasta la fecha, “El Chueco” sigue prófugo.