El Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR) -compuesto por personalidades de los principales cultos- cuestionó que las autoridades hayan dispuesto la prohibición total de todas las actividades religiosas que se realizan en ámbitos cerrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires, “sin haber decretado el estado de sitio ni contar con la necesaria intervención del Congreso”.

“Esa prohibición absoluta carece de razonabilidad  y de proporcionalidad”, advirtió, tras expresar su “preocupación y tristeza” ante las nuevas limitaciones a la libertad religiosa que el Poder Ejecutivo Nacional pretende imponer mediante el DNU 241/2021.

El CALIR fundamentó su malestar en el hecho de que la medida “no está dirigida a reuniones masivas sino que abarca incluso acciones individuales, o con escasa cantidad de gente, y sin tomar en cuenta las dimensiones de los templos o lugares de culto que pueden permitir una adecuada distancia sanitaria entre los participantes”.

“En definitiva, la prohibición denota cuanto menos un gran desconocimiento, y acaso un notable desprecio, de lo que significa la libertad religiosa como derecho fundamental de las personas y las comunidades”, advirtió.

El CALIR recordó que “la salud espiritual de las personas es tanto o más importante que la salud física” y sostuvo: “Como bien se ha señalado, las actividades religiosas (que incluyen las celebraciones comunitarias, la asistencia individual, la oración, las celebraciones de bautismos, matrimonios  y otros actos similares según cada tradición religiosa) no son solamente esenciales, sino vitales.

“Las comunidades religiosas han aprendido y son las primeras interesadas en cuidar la salud de sus miembros tomando las precauciones sanitarias pertinentes”, destacó.

Por último, el Calir aseveró que “la prohibición de toda actividad, bajo amenaza de sanción penal, constituye una inaceptable violación de derechos humanos fundamentales”.

Firman la declaración el presidente del Calir, Raúl Scialabba, y su vicepresidente, Juan Navarro Floria.