Canadá llegará esta primavera a acabar con la vida de cien mil ciudadanos mediante el programa de «Medical Assistance in Dying (MAiD)», un nombre que es un eufemismo para denominar la muerte provocada por eutanasia.

La situación refleja el resultado de un fracaso estructural encubierto bajo un lenguaje correcto de “muerte digna”. MAiD fue ofrecido al público como un recurso reservado a enfermos terminales, una supuesta excepción «misericordiosa». Pero esa narrativa es insostenible: la muerte asistida se habría convertido en un desenlace habitual para personas que arrastran discapacidad, aislamiento, pobreza y problemas de salud mental.

La denuncia que acompaña ese dato descarta cualquier equívoco sobre el origen de esas muertes: «No en una guerra. No en un campo de batalla. No en un accidente médico. Asesinados por un sistema político y por un gobierno que te quiere muerto». Es un fracaso sistémico disfrazado de compasión.

Desde el panorama internacional ya hay objeciones, en concreto un pronunciamiento del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el órgano de la ONU encargado de vigilar el cumplimiento por parte de Canadá de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Exige a Canadá la derogación del llamado Track 2, definido como la vía legal que permite la muerte asistida a quienes no tienen una muerte razonablemente previsible. El comité calificó esa vía como «extremadamente preocupante».

Serias objeciones desde la ONU

Junto a ello, se recoge que la ONU instó también a no respaldar propuestas de acceso a MAiD para «menores maduros», a no permitir «solicitudes anticipadas» y a abordar fallos sistémicos que van desde la pobreza y la inseguridad habitacional hasta la falta de atención sanitaria accesible y de apoyos comunitarios.

El núcleo de la denuncia apunta a una paradoja moral: mientras se facilita el camino hacia la muerte, no se garantizarían las condiciones mínimas para vivir con dignidad. Por todo ello desde Naciones Unidas pidien su derogación, el freno de la expansión y un giro hacia apoyos efectivos, como vivienda, sanidad accesible, recursos comunitarios de salud mental, inclusión económica e igualdad real ante la ley.

La ONU describió esa situación como una falsa dicotomía: se enmarca MAiD como “elección de muerte digna” mientras no se aseguran apoyos que hagan la vida verdaderamente digna. En su crítica final expone que no solo se estaría fallando en los derechos de los vulnerables, sino que se estaría vendiendo su muerte como progreso, hasta niveles que podrían convertir el sistema de eutanasia en una de las principales causas de muerte del país.