La gobernadora demócrata de Massachusetts, Maura Healey, firmó el pasado viernes un «preámbulo de emergencia» que pone en vigor de inmediato la ley sobre el aborto que ella misma promulgó en agosto. La medida, presentada ante la oficina del secretario de Estado, William Galvin, impide que la norma quede en suspenso durante los dos años que faltan para el referéndum derogatorio impulsado por organizaciones provida, previsto para noviembre de 2028.

La nueva norma elimina cuatro de esos criterios legales y deja la decisión en manos del juicio profesional del médico, «conforme a los estándares de atención aceptados». En la práctica la ley permite abortar en cualquier momento del embarazo si hay aprobación médica.

La decisión llegó el mismo día en que los promotores de la consulta entregaron sus firmas, y tres días después de que Healey de las votaciones de midterm, en las que fue reelegida con alrededor del 62 % de los votos, según resultados no oficiales.

El centro de la controversia son los abortos a partir de las 24 semanas de embarazo, momento en que el feto se empieza a considerar viable fuera del útero. Hasta ahora, la legislación del estado los prohibía con carácter general y solo los permitía en supuestos concretos, como preservar la vida de la madre o ante situaciones graves de la paciente o del feto.

Healey sostiene que la reforma era necesaria porque hospitales y abogados interpretaban la ley anterior de formas distintas, y eso impedía a algunos médicos tratar a sus pacientes. Según la gobernadora, al menos nueve mujeres con complicaciones graves no recibieron en Massachusetts el aborto que pedían mientras esperaban a que la ley entrara en vigor. A su juicio, cualquier retraso alargaría la incertidumbre para pacientes, familias, médicos e instituciones sanitarias.

No es la primera vez que la gobernadora recurre a esta vía. En 2024 declaró de emergencia una ley sobre armas pocos días antes de que los grupos que pedían derogarla entregaran sus firmas.

113.477 firmas para que decidan los votantes

La Compassionate Care Coalition está formada por Massachusetts Citizens for Life, Massachusetts Family Action, Massachusetts Family Institute, Democrats for Life of America y Cape Cod Pro-Life Alliance. Su presidente, Sam Miele, informó de que el pasado viernes entregaron en la oficina del secretario de Estado 113.477 firmas certificadas por funcionarios locales.

La cifra supera con creces las 37.289 firmas necesarias para llevar la ley a las urnas y también las 49.719 que habrían bastado para suspenderla hasta la votación. Esa suspensión es justamente lo que el decreto de emergencia ha impedido.

La presidenta de Massachusetts Citizens for Life, Myrna Maloney Flynn, ha explicado que su organización no ha promovido un referéndum contra cada ley del aborto aprobada en el estado, pero que esta cruza «una línea fundamentalmente distinta». Afirma Flynn que muchos ciudadanos les pidieron que actuaran para que se vuelva a proteger a los bebés ya viables.

Una «emergencia» muy cuestionada

Miele criticó con dureza la decisión. Recordó que la legislación anterior ya permitía abortar después de las 24 semanas cuando la vida de la madre estaba en peligro, y sostiene que la nueva norma va mucho más allá de esos casos. Por eso pidió a la gobernadora que explique a los votantes por qué considera una emergencia que la ley entre en vigor de inmediato.

La reforma también ha provocado reacciones en el ámbito católico. La campaña de derogación cuenta con el apoyo de los obispos católicos del estado, y algunos activistas han llegado a pedir la excomunión de Healey, que de forma incoherente se declara católica practicante.

Por su parte, Rebecca Brendel, presidenta de la Massachusetts Medical Society, respaldó a la gobernadora. Defendió que las decisiones sobre abortos en fases avanzadas del embarazo deben basarse en la evidencia científica, los estándares médicos y las circunstancias de cada paciente (ain mencionar la evidencia científica de la vida del no nacido). Kathleen Melendy, de la organización Reproductive Equity Now, presentó la medida como la respuesta a una emergencia de salud pública.

La ley ya está en vigor, pero la última palabra la tendrán los votantes de Massachusetts en 2028, cuando decidan si el estado mantiene la norma o vuelve a poner límites legales al aborto en la etapa final del embarazo.