Por Sergio Rubin

Acaso esos papeles pueden aportar a un mejor conocimiento de la verdad histórica de aquel tenebrosos período de la vida nacional, aunque parece difícil que pueda aportar datos sobre el destino de desaparecidos o de niños sustraídos a las madres secuestradas durante el embarazo.

El principal escollo es que las autoridades del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional negaban la violación sistemática de los derechos humanos ante los dignatarios eclesiásticos de aquel momento y sólo admitían que había “excesos” propios de toda “guerra”. Mucho menos daban datos precisos sobre centros de detención o sobre el destino de los detenidos-desaparecidos y de los niños nacidos en cautiverio.

De todas formas, es evidente que la Iglesia tenía muchos canales informativos, más allá de los formales. La cuestión es que, de todo aquello, fue puesto por escrito y llegó al Vaticano. El entonces Nuncio Apostólico en el país, monseñor Pio Laghi, tenía buen diálogo con las primeras juntas militares, pero declaró años después -cuando fue acusado de complicidad con el régimen-, que inicialmente “no sabía lo que pasaba”.

Además de los archivos del Vaticano, se trabaja en la apertura de los de la Conferencia Episcopal, que agrupa a todos los obispos del país. En ese también no parece que vayan a encontrarse datos sobre los desaparecidos y los niños robados. El secretario general del Episcopado, monseñor Carlos Malfa, adelantó que estos contienen cartas de reclamos de familiares de las víctimas y no mucho más.

Acaso lo más valioso pueda ser la información del obispado castrense –que llevaba su propio archivo- cuyos integrantes, los capellanes castrenses, se desempeñaban en las unidades militares y no sólo conocían en buena medida lo que pasaba, sino que ciertos casos bendecían los horrorosos procedimientos con el argumento de que había que salvar al país del comunismo ateo.

Lo que es seguro es que los archivos confirmaran lo débil que fue el papel de la Iglesia como institución y lo errado de la estrategia que en ese momento siguieron los obispos -salvo horrosas excepciones- de privilegiar los reclamos reservados de desapariciones a las denuncias públicas.

Sea como fuere, bienvenida la transparencia que implica la apertura de los archivos,  en lo que, hay que admitir, fue clave el Papa Francisco.