Sergio Rubin

Tras el envío al Congreso del proyecto para la legalización del aborto por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, las ONG llamadas “pro vida”, la Iglesia Católica y la mayoría de las comunidades evangélicas se aprestan a lanzar una serie de acciones para tratar de que la iniciativa legal naufrague por segunda vez en su tratamiento parlamentario.

Lo primero que asoma en el horizonte es una convocatoria ya en marcha de las ONG a manifestarse en todo el país el sábado 28 de noviembre, que se descuenta que contará con la adhesión de los obispos y los pastores, siempre que se hagan con los recaudos que impone la pandemia de coronavirus.

En medios eclesiásticos se afirma que los obispos -junto con los abogados y los médicos que los asesoran- volverán a contactarse con legisladores de ambas cámaras, tal como ocurrió en 2018 ante el proyecto anterior que naufragó en el Senado, para lograr la mayor cantidad de votos en contra.

A su vez, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas -que agrupa a la gran mayoría de las comunidades evangélicas y que tiene gran poder de convocatoria, tal como lo demostró en 2018 con un acto en la avenida 9 de Julio- anunció su disposición a trabajar en coordinación con la Iglesia Católica en la oposición al proyecto de ley.

En rigor, la concreción del envío de la iniciativa no tomó desprevenidos a los “celestes” porque el Presidente lo venía anunciando desde que resultó electo, aunque algunos dudaban de que efectivamente lo haría durante la pandemia. También porque los “verdes” supuestamente todavía no consiguieron los votos necesarios en el Senado.

Pero las ONG llamadas “pro vida” nunca bajaron la guardia y, de hecho, la convocatoria del 28 era prácticamente una decisión tomada. Los organizadores aseguran que se requerirá el uso del barbijo y la preservación de la distancia social. En la Iglesia, sin embargo, existe el temor de que los “celestes” más radicalizados puedan ganar espacio con palabras y acciones completamente inconvenientes y contraproducentes.

“El terrorismo verbal y los escraches en la puerta de la casa de legisladores que están a favor del proyecto, como anunció una ONG, deberían ser desterrados. Nosotros no queremos aparecer dando la impresión de que las apañamos”, dijo una fuente. Desde Unidad Provida, la ONG “celeste” más grande, salieron a aclarar que quienes impulsan ese tipo de acciones son un grupo minúsculo.

Los “celestes” están convencidos de que ante este segundo intento de aprobación de la legislación del aborto lograrán congregar a más gente en la manifestación del 28 y en otras que le sucedan a medida que avance el trámite parlamentario. Entre otras cosas, apelan a una reciente encuesta de Opinaia que arrojó que la cantidad de personas que están en contra subió y que bajó la de los que están a favor desde el anterior debate. En 2018 el 44% lo rechazaba y un 42% lo avalaba. Actualmente, lo rechaza un 49% y está a favor un 35%, mientras que el 16% no tiene posición tomada.