La Corporación de Abogados Católicos Asociación Civil solicitó al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta que intervenga en forma directa ante hechos que considera lesivos para la libertad religiosa, garantizada en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los abogados católicos le piden al mandatario porteño “tenga a bien disponer la finalización de la muestra ‘Amar, Luchar, Vivir’ que se realiza en el ámbito del Centro Cultural Recoleta, como así de las funciones de la obra ‘Theodora’ del compositor Georg F. Händel en la versión libre que se lleva a cabo en el Teatro Colón de Buenos Aires”.

Fundamentan el pedido en el hecho de que tanto el Centro Cultural Recoleta como el Teatro Colón pertenecen a la órbita del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y por considerar que vulneraran “manifiestamente los sentimientos religiosos de la población”.

“En ambos casos, esta lesión se configura -y agrava especialmente- a través de lo que objetivamente los creyentes entienden son ofensas a la Santísima Virgen María, sea mediante la desnaturalización de imágenes sagradas pertenecientes a la veneración popular -tal como sucede con la de la Virgen de Guadalupe conocidamente referida a la Inmaculada Concepción-, en el primer caso, o con expresiones absolutamente ultrajantes de pasajes evangélicos relativos a los misterios sagrados de la Anunciación y la Encarnación del Verbo, en el segundo, llevadas a cabo durante interrupciones adrede de la obra musical, de todo lo que dan cuenta numerosos reclamos públicos efectuados por distintas instituciones y vecinos de la Ciudad y del resto del país en los medios de comunicación”, puntualizan en el escrito.

“Innecesario debiera ser señalar al Sr. Jefe de Gobierno que la Santísima Virgen María es objeto de veneración pública por la inmensa mayoría del pueblo argentino, tanto por las personas pertenecientes a la religión católica como a los que profesan otros cultos e, incluso, por muchos no creyentes, siendo evidente entonces que los eventos señalados son ilegítimamente realizados en el ámbito oficial dado que en él no pueden ser cohonestados actos lesivos para los sentimientos religiosos de la población”, agregan.

La Corporación de Abogados Católicos detalla, además, otros antecedentes que se produjeron en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

“En consecuencia, a la luz de lo acontecido, se observa, cuando menos, una conducta impropia del deber de cuidado o prácticamente indiferente, por acción u omisión, en relación a acontecimientos sobre los que posee dominio del curso causal y que conducen directa o indirectamente a la producción de esos resultados lesivos en la población, más aún si se considera que no ha ejercido mínimamente sus facultades legales para disponer el oportuno cese y reparación del daño, ni siquiera ante la conmoción producida en la comunidad de creyentes y población en general. Todo ello es causal evidente de mal desempeño de sus funciones de conformidad a los artículos 92 y concordantes de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que la permanencia del Ministro Enrique Avogadro en su cargo resulta incompatible con las pautas de orden democrático y republicano establecidas en el Estatuto fundacional de la Ciudad”, concluyó.