Asociación para delinquir e irregularidades financieras e inmobiliarias. Estos son los posibles cargos a los que podrían enfrentarse diversos cargos vaticanos, entre los que destaca el presidente del Pontificio Consejo para la Familia, Vincenzo Paglia, por lacompraventa del castillo de San Girolamo en Terni. La operación, según informa la agencia Ansa, podría estar conectada al "agujero" detectado en las cuentas vaticanas y que suma más de 20 millones de euros.

La fiscalía de esta ciudad italiana acaba de concluir las investigaciones, que arrancaron hace cuatro años tras una denuncia por presuntas irregularidades en la compraventa del castillo, cuyo principal beneficiario fue el Instituto diocesano para el sostenimiento del Clero de la diócesis de Terni, presidido porGiampaolo Cianchetta, también investigado, junto al vicario episcopal, Francesco De Santis.

Ahora, Paglia, Cianchetta y De Santis serán llamados a declarar ante posibles delitos de asociación para delinquir. Paglia fue obispo de dicha diócesis entre el año 2000 y 2012. Los delitos que enfrenta van desde la asociación para delinquir al fraude y daños a la localidad de Terni, ejercicio abusivo del crédito y apropiación indebida.

"Estoy a disposición de los investigadores, yconfío absolutamente en la justicia", afirmó Paglia en declaraciones a medios vaticanos, a los que aseguró no haber recibido ninguna notificación al respecto de una posible imputación hacia su persona.

Hace cuatro años, el castillo de San Girolamo en Terni fue vendido formalmente por parte de la empresa inmobiliar IMI, pero en realidad habría sido realizada utilizando indebidamente dinero de la diócesis de Terni Narni. 

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, el presidente del Consejo Pontificio para la Familia, habría sido uno de los promotores principales del negocio. Paglia se habría presentado al concurso con otros sujetos, entre ellos, Paolo Zappelli, administrador único  de la IMI, también contador de la curia de Terni.

Otro de los sujetos mencionados se trata de Luca Galleti, director de la oficina técnica de la diócesis, y Francesco De Santis, vicario episcopal y en su momento, portavoz del obispo.

Ellos, como los demás investigados (entre ellos quien fuera alcalde de Narni, Stefano Bigaroni), tienen 20 días de plazo para argumentar su defensa y pedir ser interrogados por los magistrados que llevan el caso.