La extraña muerte del padre Jesús Manuel Rondón Molina, de la diócesis de San Cristóbal, en Venezuela, sacude a la opinión pública y a la iglesia del país surdamericano, luego que su cuerpo apareciera en horas de la tarde del martes 21 de enero, en el sector El Campanario en La Palmita, una zona boscosa del fronterizo municipio Junín (Rubio) del estado Táchira.

Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, anunció el hallazgo del sacerdote a través de un mensaje publicado en la cuenta oficial la diócesis en la red social twitter.

El caso ya estaba tomando fuerza en los medios de comunicación desde que el pasado lunes 20 de enero, la Iglesia tachirense advirtió sobre la “extraña desaparición” del sacerdote, indicando: “Vivimos con preocupación la extraña desaparición del sacerdote Jesús Manuel Rondón Molina, miembro de este presbiterio”. Con preocupación, informaron que “desde el 16 de enero no se ha tenido noticias de su actividad pública ni pastoral”.

El presbítero de 47 años tenía su lugar de residencia en las inmediaciones del convento de las Carmelitas Descalzas de Rubio (vía Bramón, estado Táchira), y asistía diariamente a la celebración de la misa de ésta comunidad religiosa. Pero desde ese jueves 16 de enero, las religiosas no le habían visto, y sus familiares tampoco tenían noticias de él. La diócesis pidió “orar por su integridad física y espiritual”.

Las primeras hipótesis, de acuerdo con los medios locales, apuntan al presunto asesinato del sacerdote para robarle su vehículo, pues el automóvil en que se desplazaba continuaba desaparecido. No obstante, el cuerpo, en estado de descomposición, habría sido llevado hasta la morgue del Cementerio Municipal de San Cristóbal por la policía científica, para practicarle la necropsia de ley, y así conocer las verdaderas causas de su muerte.

Pero otras conjeturas se asoman en la muerte del sacerdote, cuyo hecho ha generado gran consternación en la colectividad tachirense, y en la iglesia venezolana.

Una de estas es la presunta venganza por parte de los grupos irregulares que circulan en la frontera colombo-venezolana, ante las denuncias públicas contra el tráfico de drogas, la trata de personas, el cobro de vacunas, y las recurrentes denuncias contra las violaciones de los derechos humanos, hechas desde la iglesia tachirense.

Desde 2017, Moronta ha denunciado las amenazas vertidas contra civiles y religiosos de la diócesis de San Cristobal. Un ejemplo fueron los “grafitis” hechos en las paredes de algunos templos en la Semana Santa de ese año.

En abril de 2019, el Ejército de Liberación Nacional repartió panfletos que generaron “estupor y preocupación”, entre los tachirenses por las duras amenazas dirigidas, incluso, a sacerdotes. La firmeza del obispo diocesano les dejó muy claro, entonces: “No podemos permitir que se amenace a la ciudadanía con este tipo de acciones. Ya se hizo en San Antonio del Táchira por parte de grupos civiles armados, ahora en Rubio”.

El pasado domingo 18 de enero, fiesta de San Sebastián, monseñor Moronta decidió no realizar la misa solemne, por considerar que las fiestas se desdibujaron y dejaron la celebración religiosa a un lado en medio de la aguda crisis que sufre el estado Táchira, al no contar con electricidad, gas doméstico y gasolina. “Es puro circo, porque no hay pan”, dijo.