Tras la declaración de su inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia argentina, el gobierno de Salta publicó en el Boletín Oficial la modificación del inciso "ñ" del artículo 27° de la Ley Provincial de Educación (N° 7546), que establecía la enseñanza religiosa en horario escolar y como parte del plan de estudios de las escuelas públicas, cuyos contenidos y habilitación docente requerirían el aval de cierta autoridad.
"Esa norma ahora hace alusión a que los alumnos no tendrán Religión como un espacio curricular", anunció la DAIA.
El 12 de diciembre pasado, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda anularon la Disposición N° 45 de la Dirección de Educación Primaria, que preveía la obligación de los padres de entregar un formulario en el cual debían manifestar si deseaban que sus chicos recibieran “educación religiosa” y, en caso afirmativo, en qué creencia, por ser violatoria del derecho a la intimidad.
Ello fue así porque probaron que en numerosas escuelas públicas de la provincia solo se enseña y practica la catequesis, lo cual es discriminatorio y afecta la privacidad de otros alumnos que son obligados a presenciarla.
Incluso hubo casos de padres que lo consintieron por cuestiones de seguridad y/o para evitar que sus niños fueran “individualizados y segregados”.
En tanto, Horacio Rosatti consideró que la ley era constitucional, pero exhortó a la provincia a instrumentar las medidas necesarias para adaptar los contenidos curriculares de la materia, disponer el cese de todo rito religioso durante la jornada escolar y controlar socialmente el respeto por la tolerancia y la pluralidad religiosas y de pensamiento, sin discriminación alguna.
Finalmente, Carlos Rosenkrantz no se expidió porque se había excusado dado que al momento de promoverse la acción de amparo era miembro de la Asociación por los Derechos Civiles, coimpulsora de la misma.
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