El título de la campaña ya es todo un programa: “Rescatemos a nuestros hijos”. La Conferencia Episcopal de Brasil, siempre muy activa en estas problemáticas, se sumó a ella, y los hijos que alienta a recuperar son la gran cantidad de menores que cada año desaparecen en el país sudamericano.

Según el Registro Nacional de Niños y Adolescentes Desaparecidos, que se puede consultar en la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República de Brasil, actualmente hay 371 casos de menores desaparecidos entre 4 y 15 años, que corresponden a 204 varones y 167 niñas. De todas estas personas, se encontraron solo cuatro. Pero los obispos brasileños consideran que la información centralizada por el organismo oficial no refleja la cruda realidad. El Consejo Federal de Medicina, por ejemplo, habla de 250.000 casos de niños desaparecidos en Brasil y las estadísticas señalan una fuga cada 15 minutos. La razón principal por la cual los niños abandonan su casa es el maltrato. A partir de ese momento, si el menor fugitivo no vuelve voluntariamente o no se lo encuentra enseguida, la situación puede precipitar y convertirlo en víctima de la trata en alguna de sus múltiples formas, desde el tráfico de órganos hasta la prostitución o el trabajo esclavo dentro del territorio nacional o en otro país de América Latina.

Los obispos brasileños remiten a un sitio especial del Consejo Federal de Medicina donde se puede notificar la desaparición de niños en formularios ya preparados on line, y al mismo tiempo verificar los que son encontrados. El sitio ofrece también sugerencias para los médicos y las familias sobre las formas de prevención y la manera de actuar en casos donde se sospecha que hay desaparición. Una recomendación importante dirigida a los padres, por ejemplo, es hacerle aprender al niño su nombre completo y el número telefónico de un responsable.

Otro servicio consiste en informar sobre la manera en que se debe proceder en la eventualidad de ser víctima de una desaparición o cuando se toma conocimiento de un caso. En primer lugar, reclamar lo que dispone la Ley 11259/2005, que obliga a las autoridades policiales a comenzar inmediatamente la búsqueda del niño apenas se denuncia una desaparición.