Un grupo de legisladores se presentó en el Arzobispado de Mendoza este martes para coordinar un trabajo en conjunto, con el que se intentará evitar situaciones de abuso sexual eclesiástico a futuro como los ocurridos en el Instituto Antonio Próvolo de Luján de Cuyo, el cual cuenta con más de 20 denuncias.

A la reunión con el arzobispo José María Franzini asistieron la presidenta de la comisión de Educación del Senado, Beatriz Varela, la vicepresidenta, Norma Corsino, la senadora Mariana Caroglio, y el presidente de la comisión de Desarrollo Social de Diputados, Omar Benegas, quienes solicitaron una serie de medidas a trabajar con los religiosos luego de los casos de abusos sexuales con acceso carnal que se producían en el instituto y que eran perpetrados por los clérigos, Nicola Corradi (82) y Horacio Corbacho (56).

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El pedido explicito de los legisladores a las autoridades eclesiásticas fueron el registro verificable de los sacerdotes y monjas que entran y salen de la provincia y las tareas que realizan; el estudio psicológico y psiquiátrico de los religiosos que tienen relación con niños y adultos de sectores vulnerables, o que presentan algún tipo de discapacidad; y que brinden asistencia a las víctimas del instituto Próvolo.

El informe solicitado con los exámenes psicológicos y psiquiátricos de los religiosos, tendrá lugar en los próximos días y será realizado por un equipo de profesionales externo al Arzobispado, desde donde se encargarán de contactar a los especialistas y cubrir los gastos.  

“Le hemos pedido al Arzobispado respuestas y ellos han accedido de forma favorable. A partir de ahora, el Arzobispado va a tener una declaración jurada con todas las medidas que se plantearon en la reunión”, mencionó Varela.

Otra de las dudas consultadas por los legisladores tuvieron que ver con la conexión que mantenía la arquidiócesis con el Próvolo, el futuro de la institución y sacerdotes acusados.