Plan de reforma impositiva de Alberto Fernández, objeto de crítica por parte de los abogados

Plan de reforma impositiva de Alberto Fernández, objeto de crítica por parte de los abogados

Los especialistas consideran que algunos puntos pueden ser considerados confiscatorios o que se generan triples imposiciones. Puntos destacados

Como ocurre en las campañas electorales calientes, muchos planteos de los candidatos son materia de controversia, pero tal vez pocas hayan generado tal nivel de críticas como la propuesta para una reforma impositiva que los asesores técnicos del peronismo le presentaron al candidato a presidente Alberto Fernández.

De acuerdo al texto difundido en su momento por iProfesional, la idea del candidato del Frente de Todos es la de crear un nuevo impuesto nacional a la propiedad inmueble, reimplantar el tributo a la herencia, implementar una suba extraordinaria de Bienes Personales y alcanzar fiscalmente a la compraventa de dólares.

Y la discusión no se limitó a los contadores expertos en temática tributaria, sino también a los abogados, dado que muchos de los puntos contenidos en el documento han sido cuestionados por su posible ilegalidad.

Según los especialistas consultados por este medio, esas propuestas obligarán a que el Congreso, así como a diversos organismos encargados de llevarla a cabo, como por ejemplo la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), aprueben distintas leyes y readecúen resoluciones para poder implementarla.

Ezequiel Passarelli, director de Impuestos de SCI Group, indica que "la propuesta tiene definiciones que son muy interesantes, pero, cuando se va al detalle (a la letra chica), hay cierta contradicción".

Por ejemplo, destaca que el documento indica que no se van a aumentar impuestos. "Sin embargo, se sugiere crear el Impuesto a la Herencia y un impuesto nacional a las propiedades (ya existe el impuesto provincial); además de aumentar el Impuesto sobre los Bienes Personales y aumentar el Impuesto a la Renta Financiera", agrega el experto.

Además, en el caso de que se trate de sancionar de una vez por todas la nueva ley de coparticipación federal, Fernández necesitará además el aval legislativo de cada una de las legislaturas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.

Es que, por mandato constitucional, todas las provincias deberán aceptar expresamente los cambios. No puede haber mayoría de aceptaciones de la nueva norma, sino que debe existir unanimidad.

Para Passarelli, discutir una Ley de Coparticipación, que sea justa para las provincias, ayudará a terminar con la arbitrariedad del Gobierno Nacional.

Por otro lado, según remarcan tributaristas y empresarios, no hay margen para la creación de más impuestos porque ya, de por sí, la presión tributaria que tienen es insostenible, por lo que un eventual gobierno del Frente de Todos deberá poner en una balanza todos los "pros" y contras que puede tener el tomar una medida como esa.

Por ejemplo, en el caso de que se cree un impuesto nacional que grave a los inmuebles, podrán generarse reclamos en los tribunales ya que ya están alcanzados por inmobiliario provincial y el impuesto sobre los Bienes Personales.

De esta manera, muchos afectados por esta imposición podrían ir a la Justicia para cuestionar la medida tras calificarla de confiscatoria y de que se trataría de una triple imposición sobre un mismo bien.

Por otro lado, los expertos destacan que hay medidas que una vez sancionadas no conseguirán lograr su finalidad recaudatoria.

Por ejemplo, el Impuesto al Enriquecimiento Patrimonial a Título Gratuito a nivel nacional.

"La propuesta de crearlo a nivel nacional resulta contraria a la Ley de Coparticipación y totalmente incompatible con el Impuesto a los Bienes Personales, porque expone a una multiplicidad de gravámenes a un mismo patrimonio", advierte César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados.

Passarelli calificó como "muy positiva" la idea de revisar el Impuesto al Cheque (un impuesto sumamente injusto, aunque muy eficaz en su recaudación) y el deficiente Ajuste por Inflación Impositivo, que se volvió a postergar, luego de que el Gobierno Nacional diera cuenta de lo que iba a perder por hacerlo obligatorio".

 

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