Organizaciones de cristianas y provida pidieron a los senadores que no aprueben la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, al advertir que puede convertirse en un instrumento de censura para las religiones y poner en grave riesgo la libertad de expresión, de culto y de enseñanza.

"Pretenden perseguir a los que defendemos la vida, la familia y la libertad, y acusarnos de 'delito de odio'", sostuvieron al movilizar una campaña de firmas para que los senadores no la aprueben. 

"¡Pedile a los senadores nacionales que rechacen esta #ConvenciónMordaza!", solicitan abiertamente.

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de Argentina se reúne este martes para votar un proyecto de ley que ratifica la “Convención contra toda forma de Discriminación e Intolerancia”, la cual impondría la ideología género en diferentes ámbitos, afectado principalmente la educación, así como la libertad religiosa y de expresión.

La comisión, presidida Adolfo Rodríguez Saá, se reúne para avanzar con la firma del dictamen de un conjunto de proyectos sobre acuerdos internacionales.

Entre los acuerdos se encuentra el polémico documento de la “Convención interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia”, que fue aprobado durante la 43° Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada entre el 3 y 6 de junio de 2013.

El pacto fue firmado por 12 países pero hasta el momento solo México y Uruguay lo han ratificado.

El 26 de octubre de 2021, la Cámara de Diputados argentina aprobó sin ningún debate la adhesión a la Convención y ahora podría obtener sanción definitiva en la cámara Alta.

Oportunamente y ante el debate en Diputados, el Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR) pidió que no se apruebe la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia por ser un instrumento que puede afectar la libertad religiosa.

Preocupa al CALIR que, “por el modo en que está concebida la Convención, puede convertirse en un instrumento para restringir severamente algunas libertades fundamentales, como la libertad religiosa, de expresión y de educación”.

“La Convención crea e introduce un concepto novedoso, el de la ‘intolerancia’, equiparado al ya establecido de la discriminación; y lo hace en términos vagos e indeterminados. Crea un nuevo derecho humano, consistente en el derecho a ser protegido por el Estado de toda forma de intolerancia en el ámbito público o privado, según la percepción de cada grupo o individuo de sentirse víctima de ella”, explica la declaración del CALIR.

Así, la Convención que se pretende legalizar “determina que deban ser especialmente protegidas las personas o grupos que integran nuevas categorías hasta ahora no consideradas en otros instrumentos internacionales, como la orientación sexual, identidad o expresión de género, las opiniones de cualquier naturaleza, la condición migratoria, y otras”.

Entonces, la Convención “obliga al Estado a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar lo que alguien considere una manifestación de intolerancia, por una variedad de medios que incluyen la prohibición de publicar opiniones en medios de comunicación, incluido Internet, la privación de financiamiento a quien sea considerado intolerante, la prohibición de ‘métodos o herramientas pedagógicas que reproduzcan estereotipos o preconceptos’ respecto de alguna de las situaciones arriba mencionadas”, explica la institución.

De aprobarse esa Convención, el CALIR considera que estaría en peligro la libertad de religión ya que “un componente esencial de toda religión es la propuesta de unos principios morales y la exigencia a sus miembros de atenerse a ellos” como “la prédica, no solamente del dogma sino de la doctrina moral de cada religión”. Estas facultades deben poder realizarse “con total libertad y sin temor a censuras o sanciones fundadas en la percepción subjetiva de personas o grupos de sentirse no tolerados”, reclama.

Por esas razones advierte que “la Convención no concilia de modo satisfactorio el loable objetivo de combatir las discriminaciones injustas con la garantía y protección de la libertad religiosa y de expresión, tal como ha sido advertido en otros países que han negado su aprobación”.