La organización Christian Solidarity Worldwide (CSW), publicó el informe “Protección en papel: La situación de la libertad de religión o de creencias en México”, un texto que denuncia como las organizaciones criminales y algunos líderes indígenas atentan contra la fe de diversas personas en este país, en especial de cristianos evangélicos.

Según este documento, estos dos grupos operan fuera de los límites constitucionales y están impulsando violaciones sistemáticas de la libertad religiosa en México, mientras que el gobierno en todos sus niveles no está protegiendo a quienes están en riesgo.

En las comunidades regidas por usos y costumbres, los líderes suelen creer que tienen derecho a obligar a los residentes a participar en eventos religiosos y a contribuir económicamente a las actividades asociadas con la religión mayoritaria, normalmente el catolicismo romano, según indica el informe.

Quienes se nieguen pueden enfrentarse a la negación de sus derechos de nacimiento y sepultura, la pérdida del derecho al voto y al trabajo, el bloqueo del acceso al agua y la electricidad, la detención arbitraria, la violencia y el desplazamiento forzado.

La ONG documentó más de 130 casos de violaciones graves a la libertad religiosa en los últimos años. Solo en el estado de Oaxaca, el gobierno estatal ha reconocido más de 60 casos en los últimos tres años.

El caso del pastor Mariano Velásquez Martínez

Entre los casos documentados se encuentra el del pastor Mariano Velásquez Martínez, un cristiano protestante que fue desplazado por la fuerza de su comunidad de Santiago Malacatepec, municipio mixto de San Juan Mazatlán, en enero, junto con su esposa y su hija pequeña. Se le había ordenado realizar ritos religiosos católicos, incluyendo arrodillarse y orar ante una imagen religiosa. Al negarse, fue detenido durante 48 horas antes de que una asamblea comunitaria ordenara su expulsión.

Ese mismo mes, once miembros de una comunidad minoritaria adventista del séptimo día en Pinal Salinas y Tzajalnabin, municipio de Zinacantán, Chiapas, fueron agredidos y detenidos tras negarse a contribuir económicamente a las festividades católicas. Las autoridades locales exigieron inicialmente 100.000 pesos mexicanos, unos 5.000 dólares, para su liberación, pero cedieron tras la intervención de funcionarios estatales.

En lo que respecta al crimen organizado, los grupos criminales imponen toques de queda y controlan la circulación en las regiones donde operan, lo que restringe o imposibilita las reuniones religiosas. Los líderes religiosos que condenan públicamente la violencia suelen ser amenazados o agredidos, y en ocasiones desaparecen o son asesinados.

El informe también documenta el caso de Benito Guevara Arcos, un misionero cristiano protestante de 79 años que desapareció en el estado de Guerrero el 31 de marzo, después de que hombres armados lo obligaran a subir a un automóvil tras una objeción a su predicación.

Un grupo criminal afirmó haberlo liberado el 4 de abril en Amojileca, a 30 kilómetros de donde fue secuestrado, pero su familia no ha podido localizarlo. Presentaron una denuncia por desaparición ante la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el estado de Guerrero el 13 de abril, pero no han presentado una denuncia ante la fiscalía de Guerrero por temor a represalias.

En septiembre de 2025, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas advirtió que la impunidad estructural y el debilitamiento del estado de derecho han convertido a México en uno de los entornos más peligrosos de América Latina para la defensa de los derechos humanos.

Según The Christian Post, Un informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos, reveló que las desapariciones en México se han incrementado en más del 200% durante la última década. La CIDH señaló que los actores estatales suelen estar implicados, ya sea directamente o al permitir que grupos del crimen organizado operen sin rendir cuentas.

México registró el mayor número de secuestros y agresiones verificadas contra cristianos en el mundo entre finales de 2023 y 2025, con 376 incidentes documentados durante ese período, según la organización Global Christian Relief, que monitorea la persecución religiosa.