Recientemente, en la Universidad McGill, tres miembros de la Sociedad de Estudiantes en la Universidad fueron retirados de sus nombramientos luego de una votación en la Asamblea General debido a su supuesto “conflicto de intereses judíos”. La expulsión fue liderada por un grupo de estudiantes pro-BDS, ‘Democraticen McGill’, que hacía campaña en contra de los estudiantes pro-Israel a raíz de un fallo en septiembre del Consejo Judicial rechazando al movimiento BDS en las premisas universitarias de McGill de una vez por todas. Esto fue hecho sobre la base que el movimiento no logró mantener la constitución de la universidad “violando -los- derechos de los estudiantes -israelíes- de representarse a sí mismos” y discriminar sobre la base de su origen nacional.

En represalia y para eliminar elementos y puntos de vista pro-Israel en la junta directiva, Democraticen McGill lanzó un esfuerzo para purgar la junta de oponentes al BDS. Este esfuerzo se basó en la noción cínica que tales oponentes albergaron un claro conflicto de intereses que surgió de su presunta parcialidad. Debido a que los estudiantes en cuestión eran judíos o pro-israelíes (o ambos), estos fueron calificados por Democraticen McGill como incapaces de tomar decisiones informadas o justas como líderes estudiantiles.

Al afirmar esta premisa, los estudiantes pro-BDS ignoraron su obvia parcialización, así como también la falta de un equilibrio en sus propios puntos de vista sobre el conflicto palestino-israelí. Estos, no obstante, se sintieron totalmente cómodos reprimiendo las voces pro-Israel y a los estudiantes judíos en la junta, afirmando que buscaban eliminar a estos estudiantes porque “todos son o compañeros en el Comité de Asuntos Políticos Judíos de Canadá (CAPJC), una organización cuyo mandato explícito es promover el discurso pro-Israel en la política canadiense, u organizadores primarios de la iniciativa anti-BDS en McGill”.

En otras palabras, esos estudiantes debían ser descalificados por tener puntos de vista que diferían de los de los líderes estudiantiles que buscaban purgarlos. El miembro de la junta directiva judía y otros dos miembros de la junta pro-Israel y no judíos fueron posteriormente descalificados de la junta.

McGill posee una historia de buscar suprimir la expresión pro-Israel, no solo en el gobierno estudiantil sino también en su prensa escrita. Un ejemplo de esto es una controversia del 2016 que involucró al Diario McGill, que realizo la asombrosa admisión editorial que la política del diario era no publicar “escritos que promovieran una cosmovisión sionista, o cualquier otra ideología que consideramos sea opresiva”.

“Si bien reconocemos que, para algunos, el sionismo representa un importante proyecto de libertad”, escribieron los editores, “también reconocemos que funciona como una ideología colono-colonialista que perpetúa el desplazamiento y la opresión del pueblo palestino”.

Antes de este revelador editorial, una estudiante de McGill, Molly Harris, había presentado una queja ante el comité de equidad de la Sociedad de Estudiantes de la Universidad McGill (SSMU). En esa denuncia, Harris sostuvo que, basado en la obvia parcialidad anti-Israel del diario, y “un conjunto de tuits virulentos antisemitas por un escritor del Diario McGill”, una “cultura de antisemitismo” definió al diario, una contienda aparentemente confirmada por el hecho que varios de los editores del diario eran partidarios del BDS y ninguno de los miembros del personal era judío.

Un intento de purga de un estudiante pro-israelí perteneciente al gobierno estudiantil, similar a la inquisición que ocurrió en McGill, tuvo lugar en febrero de 2015 en la UCLA, cuando varios miembros de la junta en el Consejo Judicial de la USAC, el máximo cuerpo judicial del gobierno estudiantil de la UCLA, interrogaron a Rachel Beyda, para ese entonces estudiante de economía de segundo año, cuando buscaba un cargo en la junta directiva.

El enfoque en su candidatura no eran sus calificaciones para el cargo (que nadie parecía dudar), sino el hecho que era judía. El problema era la forma en que su “afiliación con las organizaciones judías en la UCLA pudiera afectar su capacidad para gobernar de manera justa en los casos en que la comunidad judía tiene un interés personal en el resultado, como los casos relacionados al conflicto palestino-israelí”, tal como lo describió el diario estudiantil.

“Gobernar con justicia”, por supuesto, significaba gobernar en apoyo a la campaña cada vez más virulenta contra Israel en las premisas universitarias de la UCLA. Solamente en base a su religión, ella fracasó en su prueba política de que los así llamados estudiantes progresistas, cautivados por su búsqueda de una justicia social, ven su postura predeterminada, el ser pro-palestinos y anti-Israel.

El mismo pensamiento inspiró una propuesta similarmente discriminatoria en mayo pasado por dos miembros del capítulo de Estudiantes por la Justicia en Palestina (EJP) en la UCLA, que intentaba impedir que candidatos judíos ocupen puestos en el consejo si habían viajado a Israel subvencionados por la Liga Anti-Difamación, el Comité Judío Americano u otras organizaciones. Según los activistas, esas organizaciones “han hecho campaña abiertamente contra la desinversión de las empresas que se benefician de las violaciones israelíes a los derechos humanos de los palestinos”.

Por supuesto, que no hubo mención en este debate de viajes patrocinados para enviar estudiantes pro-palestinos a Israel o a los territorios en excursiones de propaganda diseñadas para difamar a Israel y enseñarles a los visitantes una narrativa alterna anti-Israel. Una vez más, además de tratar de apilar el mazo en contra del argumento pro-Israel, esta propuesta daba por sentado que cualquiera que no estuviese comprometido con la causa palestina no era confiable e incapaz de tomar decisiones imparciales y estar moralmente comprometido.

Un intento particularmente odioso de librar a unas premisas universitarias de voces judías y pro-israelíes tuvo lugar en el 2015 cuando líderes del consejo estudiantil de la Universidad Tecnológica de Durban (DUT) en Sudáfrica emitieron una propuesta que sugería que los estudiantes judíos fuesen purgados en su totalidad de la institución. Tal como dijo la secretaria del cuerpo estudiantil Mqondisi Duma: “Tomamos la decisión de que a los estudiantes judíos, especialmente aquellos que no apoyan la lucha palestina, debería cancelárseles su inscripción”. Esto es, uno pudiera pensar, un sentimiento bastante impactante por parte de estudiantes que por sí mismos se beneficiaron de una campaña mundial en los años 70 y 80 para de esta manera poner fin al sistema racista del apartheid en Sudáfrica.

La arrogancia moral de la propuesta por parte de los estudiantes sudafricanos fue impresionante y no solo por su versión grotesca de la práctica antisemita de responsabilizar a todos los judíos por las acciones políticas de Israel. Este reveló que el movimiento pro-palestino está tan cautivado por la rectitud de su causa que cualquiera que albergue o exprese otros puntos de vista es considerado persona no grata, indigno para que se escuchen sus ideas en el mercado de ideas en las premisas universitarias.

Los estudiantes progresistas han decidido, dentro de su propia auto-justificación moral, que la campaña palestina para la auto-determinación es una causa tan sagrada que cualquiera que la cuestione o exprese el punto de vista israelí es moralmente retrógrado. Apoyar a Israel es arriesgarse a ser considerado racista, imperialista, partidario tácito del apartheid. Y más que eso: si eres judío, o incluso eres un estudiante no-judío sin conexión a los árabes palestinos o a los israelíes que no ha proclamado públicamente su lealtad a la causa palestina y hayas denunciado a la israelí, se les puede considerar moralmente indignos de servir como líderes estudiantiles o incluso, en la instancia sudafricana, de asistir a una universidad en particular.

Los líderes estudiantiles que, en el contexto del conflicto israelí/palestino, intentan ahora reprimir todo pensamiento que estos desaprueban, han sacrificado uno de los valores fundamentales por los que existe la universidad. En su afán por ser inclusivos y reconocer las necesidades y aspiraciones de los grupos víctimas, pretenden fomentar la investigación, pero en realidad la han sofocado. La primera víctima en diluir la libertad de expresión académica y el debate, ha sido la verdad.

El Dr. Richard L. Cravatts, presidente emérito de Estudiosos por la Paz en el Medio Oriente, es autor del artículo ‘Despachos desde las Premisas Universitarias en Contra de Israel y los Judíos.