La Fiscalía Provincial de Valencia ha notificado formalmente al Movimiento contra la Intolerancia (MCI) que la denuncia interpuesta por la organización a raíz del desalojo de menores judíos en un vuelo de Vueling el pasado 23 de julio ha sido aceptada y que se activa una investigación judicial sobre el caso.

En un decreto fechado el 4 de noviembre de 2025, y recibido a fines de noviembre por correo por el presidente de MCI, Esteban Ibarra, la Fiscalía Provincial de Valencia informa de la admisión a trámite de la denuncia que presentó el pasado 30 de septiembre.

Según ese documento, los hechos denunciados —el desalojo de "unos niños de procedencia judía" de un avión, supuestamente por entonar cánticos religiosos— podrían constituir un delito contra las libertades garantizadas por la Constitución, conforme al artículo 510.2 del Código Penal.

El decreto señala que se librará oficio a la Brigada de la Policía Judicial para investigar los hechos, y que hasta la fecha no existía ningún procedimiento abierto por estos hechos en la aplicación interna correspondiente.

"Los hechos son constitutivos de un posible delito cometido con ocasión del ejercicio de derechos y libertades fundamentales", refiere la nota de la Fiscalía.

Denuncia original y ampliación: el papel del MCI

La denuncia fue presentada por el MCI tan solo horas después del incidente del 23 de julio, cuando un grupo de 52 personas —44 menores de edad y varios instructores—, de nacionalidad francesa y confesión judía, fueron desalojados de un avión de Vueling en el aeropuerto de Valencia, con destino al aeropuerto de París-Orly.

Según el MCI, se pidió a la Fiscalía que valorara como posibles delitos no solo por discriminación, sino también por trato degradante y vulneración de derechos del menor.

Tras recibir nuevos testimonios de la educadora, testigos y familiares de los menores, el MCI decidió ampliar la denuncia en septiembre. "Incorporamos los testimonios que nos han llegado y ampliamos a otros delitos, solicitando una investigación de toda la responsabilidad de quienes actuaron desde su autoridad", explicó Ibarra a Enfoque Judío.

En ese escrito adicional, la organización señala que las versiones ofrecidas por la aerolínea y las autoridades difieren "diametralmente" de las declaraciones de los menores, sus acompañantes y testigos. Añaden que no ha habido mediación antes del desalojo, lo que agrava la vulneración de derechos, especialmente tratándose de menores.

Versiones enfrentadas: seguridad vs. discriminación

La versión de Vueling sostenía que los menores estaban "manipulando chalecos y máscaras de oxígeno", poniendo en riesgo la seguridad del vuelo, y que desobedecieron las instrucciones de la tripulación, por lo que se solicitó la intervención de la Guardia Civil.

Según la compañía, los jóvenes interrumpieron la demostración de seguridad, ignoraron la admonición reiterada de la tripulación y mantuvieron una actitud conflictiva. A partir de ahí, el comandante del avión habría decidido desembarcarlos.

Sin embargo, organizaciones y testigos consultados por el MCI rechazan esa versión, como también los testimonios difundidos por redes. Argumentan que los menores estaban tranquilos, que algunos portaban símbolos judíos visibles —como kipás o prendas tradicionales— y que podrían haber sido identificados por su confesión religiosa. Por ello, describen los hechos como una actuación motivada por prejuicio.

La propia Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) señaló en su momento que Vueling no ha aportado "ni partes oficiales, ni denuncias, ni testimonios, ni vídeo dentro del avión" que acrediten su versión, lo que incrementaba las dudas sobre la motivación real del desalojo.

Una investigación judicial ya en marcha

Con la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, se da un paso clave en el proceso: la investigación formal. En el decreto emitido el 4 de noviembre, la fiscal instructora considera que los hechos deben ser averiguados con la ayuda de la Policía Judicial, lo que podría conducir a identificar a los responsables, aún desconocidos, y determinar si hubo vulneración de derechos fundamentales o delito de odio.

El decreto aclara que, hasta ahora, no existía ningún procedimiento judicial abierto en relación a estos hechos, lo que destaca la importancia de la investigación en curso.

Para Ibarra, este avance supone que "la denuncia no ha sido rechazada" y que la apertura de diligencias implica una obligación real de esclarecer lo sucedido, aclarar responsabilidades y garantizar protección a los menores afectados.

Reacciones y contexto más amplio

El incidente con los menores judíos franceses no fue aislado: poco después, otra aerolínea del mismo grupo empresarial —Iberia, perteneciente a IAG— había sido denunciada por trato discriminatorio hacia pasajeros judíos, lo que intensificó las críticas hacia estas compañías.

Organizaciones judías y no judías comprometidas con la defensa de los derechos de la infancia y de las minorías religiosas han mantenido su exigencia de una investigación exhaustiva e independiente, subrayando que hechos como este pueden tener consecuencias graves para la dignidad y la integridad moral de los menores.

Por su parte, el MCI reclamó no solo justicia penal, sino también que se reconozca la dimensión del "interés superior del menor" y la necesidad de protección legal reforzada, ante posibles actos de antisemitismo o discriminación.

Ahora, con la intervención investigadora de la Fiscalía, la Brigada de la Policía Judicial deberá recabar testimonios, revisar protocolos, y valorar si hubo vulneración de derechos fundamentales o un delito de odio. El resultado podría sentar precedentes en la fiscalización de actuaciones de aerolíneas y autoridades ante grupos vulnerables y proteger mejor los derechos de pasajeros judíos, especialmente menores ▪