La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede) ha reclamado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que paralice la reforma normativa que discrimina a los pastores evangélicos jubilados y les impide acceder a una pensión de jubilación.

El secretario ejecutivo de Ferede, Mariano Blázquez, ha remitido una carta a Rajoy pidiéndole que paralice la tramitación de la reforma del real decreto 369/1999 que establece las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los Ministros de Culto de las iglesias pertenecientes a Ferede a los que no se les permitió cotizar durante el franquismo.

En un comunicado, Ferede ha explicado que dicho real decreto no dio solución a los pastores que, por su inclusión tardía, no podrían cotizar el tiempo suficiente que les permitiera acceder a una pensión de jubilación.

Así, Blázquez reclama a Rajoy que ponga fin a la "discriminación por motivos religiosos que sufren los pastores evangélicos en España", tal y como determinó -recuerda- una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 2012 que condenó a España por esta causa.

Según ha destacado, esta sentencia puso de manifiesto que en el caso de los sacerdotes católicos que no pudieron cotizar antes de 1999, la legislación española posibilitó que estos pudieran computar sus años ministerio religiosoña los efectos del cálculo de sus prestaciones.

Tras esta sentencia, Ferede presentó al Gobiernoñun informe con propuestas para dar solución a la situación de los ministros evangélicos y sus viudas, junto a una relación de los posibles afectados -unos 122 en total-, pero ninguna de esas propuestas obtuvo respuesta.

Ferede ha afirmado que, de aprobarse la modificación propuesta, ésta no tiene efectos prácticos sobre la situación de los pastores evangélicos afectados, ya que en su mayoría no podrán cumplir los requisitos que se les imponen y no podrán acceder ni a la mínima pensión de jubilación.

Advierte de que "sería un despropósito que todos los afectados tengan que acudir a la vía judicial, pasando por todas las instancias hasta llegar nuevamente al TEDH para que sea sentenciado lo ya dicho: que España está violando derechos fundamentales".