La Corte ordenó indemnizar a familiares de víctimas de AMIA

La Corte ordenó indemnizar a familiares de víctimas de AMIA

Mientras el Congreso de la Nación analiza una ley para indemnizar a todas las víctimas del atentado a la AMIA, la Corte Suprema adelanta su postura y resuelve el deber del estado Argentino de indemnizar a Ruth Myriam Faifman de Tenembaum y sus tres hijos, como a todas aquellas personas que hayan padecido pérdidas de familiares, daños físicos o económicos por el hecho.

Con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Jua Carlos Maqueda, confirmaron la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios iniciada por la esposa e hijos de una víctima del atentado perpetrado en Julio de 1994 en la mutual judía. 

Los ministros resaltaron en su fallo que en el año 2005, en el marco de una denuncia formulada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las organizaciones no gubernamentales Memoria Activa, CELS y CEJIL, “el Estado Argentino había suscripto un acta de entendimiento en la que reconocía su responsabilidad tanto por el incumplimiento de su función de prevención, al no adoptar las medidas eficaces para evitar el atentado, como por el encubrimiento de los hechos e incumplimiento de la función de investigación” 

En una dura crítica al Ejecutivo, el Máximo Tribunal destacó que “ese instrumento se aprobó por el decreto 812 del año 2005, a través del cual el estado se comprometió, a promover la sanción de una ley de reparación para todas las víctimas del luctuoso hecho”. Para los ministros, “Argentina reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en forma absoluta que su obrar violó los derechos de las víctimas y sus familiares, generando la obligación a indemnizar sin distinguir si los damnificados habían iniciado o no acciones judiciales”. Resaltan que la conducta que asumió el estado nacional “implicaba una renuncia tácita e inequívoca a oponer la prescripción en casos como el planteado”. 

Para la Corte en pleno, “la postura del Estado Nacional en la causa resultaba incompatible con el principio de Buena fe, ya que, casi diez años después de haber asumido el compromiso ante organismos internacionales, la ley prometida no fue dictada, las víctimas continúan sin reparación y cuando, como en el caso, demandan judicialmente para obtenerla, el Estado pretende oponerse con el argumento de que el plazo de prescripción está cumplido” 

En el día de ayer, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, recibió a los familiares de AMIA, aglutinados en la organización Memoria Activa y a abogados del CELS –Centro de Estudios Legales y Sociales que lidera el periodista y abogado, Horacio Verbitsky para impulsar una “gestión de buenos oficios” e “instar” a la Cámara de Casación y a los Tribunales Orales  para que arbitre los medios de agilizar el juicio de AMIA”. Lorenzetti y sus pares se  pusieron a disposición de las víctimas para lograr la constitución del Tribunal que juzgará el hecho, tras varias recusaciones efectuadas a los magistrados convocados. 

En tanto, allegados al ministro explicaron a Perfil.com que existió un pedido formal de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal Alberto Nisman, para que se refuerce desde la Corte la labor de la Defensoría Pública que asumió la defensa legal, a través de Germán Carlevaro, abogado de la querella.  Dicho requerimiento está a estudio de los ministros ya que podría implicar la “intervención del poder judicial en órbita del ministerio público del que es parte la Defensoría General de la Nación, a cargo de Stella Maris Martínez”. 

La Funcionaria a cargo de la Defensoría General es miembro de la Agrupación Justicia Legítima y mantiene una histórica disputa junto a la Procuradora Alejandra Gils Carbó contra las políticas que impulsan los ministros del Máximo Tribunal, cabeza del poder judicial. Reconocieron los asesores de los ministros, que el caso Nisman reviste una “complejidad” que requiere “ciertos cuidados y cautela”, pero los magistrados como la ciudadanía esperan “pronta respuesta de la fiscal a cargo de la investigación”, Viviana Fein.

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