Sergio Rubin

Si finalmente el proyecto para legalizar el aborto se convierte en ley el 29 –la fecha prevista para su votación- podría pensarse que ese día la fuerte controversia que enmarcó su tratamiento terminará. Pero no parece que ante esa eventualidad vaya a ser así. En el sector celeste vaticinan que ONG's provida y particulares, entre ellos médicos, recurrirán a la Justicia porque consideran que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es “manifiestamente inconstitucional”.

Los celestes afirman que quienes apelarán a la Justicia invocarán en primer lugar el artículo 75, inciso 23, de la Constitución nacional reformada en 1994, que ordena “dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.

También dicen que apelarán al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño y la consiguiente declaración interpretativa argentina que ratificó el tratado en línea con la exigencia establecida en el artículo 2 de la ley 23.849, que dispone: “Se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los dieciocho años de edad”. Y que posee jerarquía constitucional.

Otro texto legal que citarán –añaden- será el Código Civil y Comercial, que en su artículo 19 establece que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”. Además, los colegios religiosos podrían argumentar que la eventual ley afectaría “la libertad de enseñanza” porque dicen que “no permitiría exponer en sus escuelas argumentos contrarios a la práctica del aborto”.

Esta semana el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expuso en una declaración casi todos esos argumentos, al sumarse a quienes consideran que la ley sería inconstitucional. Destacaron, además, que los textos legales que cita “no son arcaicos, sino de última generación” y que “fueron incorporados en plena vigencia de nuestras instituciones democráticas”.

Estos argumentos fueron expuestos por varios juristas que se oponen al proyecto durante las exposiciones que hubo esta semana ante el plenario de las cuatro comisiones del Senado que intervinieron en el debate preliminar y suscitaron contra argumentos de otros colegas que están a favor de la iniciativa legal y que también fueron de la partida.

Por caso, la doctora en Derecho Aida Kemelmajer de Carlucci afirmó que “hay una norma que dice que la vida se protege desde la concepción, pero hay otros principios jurídicos a otras personas a no ser instrumentalizadas; se llama autonomía, además del derecho a la vida, a la salud. La autonomía personal –señaló- emerge de los derechos fundamentales”.

El ex camarista Ricardo Gil Lavedra sostuvo que “el embrión no es lo mismo que una persona nacida”, que “la maternidad no puede ser forzada” y que “el Código Penal habla de autonomía porque la mujer tiene derecho a decidir si quiere o no tenerlo si fue violada”.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez destacó la “compatibilidad entre la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño” y señaló que “todo lo que no está prohibido está permitido: esa es la regla en los derechos”.

Agregó que “el Comité de Derechos Humanos del Niño le ha dicho al Estado argentino interpretando la Convención que debe adoptar medidas urgentes para bajar la mortalidad materna y revisar la legislación vigente”.