“Las cuestiones económicas y financieras, nunca como hoy, atraen nuestra atención, debido a la creciente influencia de los mercados sobre el bienestar material de la mayor parte de la humanidad”. Así comienza el documento difundido ayer por el Vaticano para analizar el escenario económico global, particularmente en lo atinente a las cuestiones financieras y sus consecuencias. El extenso texto hace una lectura de la realidad desde el punto de vista ético, pero avanza en consideraciones concretas sobre los problemas económicos y adelanta incluso algunas propuestas, como la de imponer un impuesto mundial a las transacciones offshore “para resolver gran parte del problema del hambre en el mundo”. 

Al respecto se señala que las llamadas “sedes offshore” se han convertido en “ocasión de operaciones financieras a menudo al límite de la legalidad, cuando no se ‘pasan de la raya’, tanto desde el punto de vista de su legalidad normativa, como desde el punto de vista ético, es decir, de una cultura económica sana y libre del mero propósito de elusión fiscal”. Porque, se advierte, “en la actualidad, más de la mitad del comercio mundial es llevada a cabo por grandes sujetos, que reducen drásticamente su carga fiscal transfiriendo los ingresos de una lugar a otro”, girando “los beneficios a los paraísos fiscales y los costos a los países con altos impuestos”, quitando recursos a las economías nacionales y contribuyendo a la creación de “sistemas económicos basados en la desigualdad”. Sin dejar de considerar, afirma el documento vaticano, que tales sedes offshore son lugares proclives al lavado de dinero “sucio” proveniente de ganancias ilícitas como el robo, el fraude, la corrupción, la asociación criminal, la guerra y las actividades de la mafia. 

El trabajo, titulado “Cuestiones económicas y financieras” (Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, en latín) si bien lleva las firmas del arzobispo Luis F. Ladaria, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y del cardenal Peter Turkson, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, incluye la expresa mención de que Francisco aprobó el texto y ordenó su publicación. 

El documento es sumamente crítico con el sistema capitalista y califica de “ingenua” la “confianza en la autosuficiencia distributiva de los mercados” planteando la necesidad de una “adecuada regulación” que atienda, de manera preferencial, la situación de “los más vulnerables”. Aboga por la “transparencia” porque “la concentración” de información y poder permite crear “hegemonías capaces de influenciar unilateralmente no solo los mercados sino incluso los mismos sistemas políticos y normativos”.

En su análisis, el organismo pontificio señala que las desigualdades que han aumentado entre los países y dentro de ellos, denuncia que el sistema está generando cada vez más “excluidos y descartados” mientras “algunas minorías explotan y reservan en su propio beneficio vastos recursos y riquezas, permaneciendo indiferentes a la condición de la mayoría”.

La Iglesia afirma que su propósito es realizar aportes al diálogo a sabiendas que “no hay recetas económicas válidas universalmente y para siempre” pero marca que “todo progreso del sistema económico no puede considerarse tal si se mide solo con parámetros de cantidad y eficacia en la obtención de beneficios, sino que tiene que ser evaluado también en base a la calidad de vida que produce y la extensión social del bienestar que difunde, un bienestar que no puede limitarse a los aspectos materiales”. Se asegura entonces que el criterio para evaluar el bienestar no puede ser solamente el PBI (producto interno bruto) sino que es necesario considerar otros parámetros como el trabajo, la seguridad, la salud y la calidad de vida social, entre otros.

Hay una crítica expresa a la libertad económica sin límites, señalando que es proclive a generar “formas de oligarquía”, advirtiendo también que la supranacionalidad de los agentes económicos y la “volatilidad” del capital manejado generan perjuicios a la sociedad. Entre las consecuencias, se dice, se ve afectada “la función social insustituible del crédito” y, en ese sentido, se rescata como muy positivas y dignas de ser alentadas “realidades como el crédito cooperativo, el microcrédito, así como el crédito público al servicio de las familias, las empresas, las comunidades locales y el crédito para la ayuda a los países en desarrollo”.

En el documento avalado por Francisco no faltan tampoco las consideraciones críticas a los “fondos de inversión” que “intentan obtener beneficios mediante una especulación encaminada a provocar disminuciones artificiales de los precios de los títulos de la deuda pública, sin preocuparse de afectar negativamente o agravar la situación económica de países enteros”. Frente a esto la Iglesia condena las “conductas inmorales” de los representantes del mundo financiero, que operan “más allá de toda norma que sea la de un beneficio inmediato, chantajeando a menudo desde una posición de fuerza también al poder político de turno”. Y, en otro párrafo, denuncia “lo frágil y expuesto al fraude que es un sistema financiero que no esté suficientemente controlado por normas o se halle desprovisto de sanciones proporcionadas a las violaciones en las que incurren sus actores”, proponiendo a continuación mecanismos y procedimientos de control para bancos, empresas y los países.