Por Mariano De Vedia

La principal novedad de los cambios es un juicio más breve, gratuito para las partes y con una intervención más decisiva del obispo. Ello va en sintonía con los cambios pastorales que viene imprimiendo el papa argentino en la Iglesia, sin alterar dogmas ni doctrinas.

"El impacto de los cambios en los procesos de nulidad matrimonial será profundo, pero en la Argentina se espera una aplicación gradual", según pudo apreciar LA NACION en consultas con fuentes eclesiásticas.

Francisco les dio ayer atribuciones a los obispos para atender en sus diócesis procesos breves, en los casos en que la nulidad esté sostenida por "argumentos evidentes". Pero ello exigirá formar estructuras apropiadas, con una mínima dotación jurídica, que no todas las diócesis están en condiciones hoy de garantizar.

El Pontífice es consciente -y así lo escribió en el motu proprio- de que un juicio abreviado puede poner en peligro el principio de indisolubilidad del matrimonio. Por eso ha querido que los propios obispos asuman el papel de juez en esos procesos. No quiere que una decisión de esa naturaleza quede sólo en manos de los operadores del derecho que intervienen en las causas.

"Un aspecto esencial es que se suprime la obligatoriedad de la «sentencia de doble conforme», que exigía dos sentencias para convalidar que el matrimonio es nulo", explicó a LA NACION el padre Hugo Ustinov, presidente desde mayo último del Tribunal Interdiocesano de Buenos Aires. Una sola sentencia convertirá la nulidad en un fallo ejecutivo y, así, las partes recuperarán su capacidad para casarse por la Iglesia.

En todo el país hay ocho tribunales interdiocesanos y en el de Buenos Aires se tramitan unas 180 causas de nulidad por año, correspondientes a 20 jurisdicciones eclesiásticas vecinas. Con la reforma de Francisco, cada diócesis atenderá sus propios casos, lo que agilizará los expedientes y evitará, por ejemplo, que una pareja de Jujuy tenga que trasladarse a Tucumán para poner en marcha el proceso.

Los costos varían en cada tribunal y, en general, dependen de los ingresos de las partes. En el de Buenos Aires hay cuatro escalas. Las personas con ingresos mensuales de hasta $ 5000 pagan como tasa de justicia el 3% de sus ingresos anuales (en cuotas). A medida que suben los ingresos, sube la escala. El valor se ajusta automáticamente, según el precio del litro de nafta premium en la estación de YPF del Automóvil Club central. "Ahora será gratuito para las partes, pero los costos -el personal del tribunal, el correo, los honorarios y peritajes- tendrán que salir de algún lado", estimó el padre Ustinov.

El Papa encomendó a los episcopados "respetar el derecho de los obispos a garantizar la potestad judicial en su propia Iglesia particular". Es una aplicación práctica del principio de descentralización, para que las decisiones del obispo no dependan tanto de Roma, en sintonía con el espíritu del Concilio Vaticano II.

Sectores eclesiásticos indicaron que con esta reforma Francisco recoge un pedido que los obispos ya habían realizado en los sínodos de 2007 y de 2014 para garantizar un proceso de nulidad matrimonial rápido y accesible a todos.

EXPERIENCIA DE CAMPO

Más allá del propio ámbito eclesiástico, los cambios de Francisco motivarán seguramente a muchas parejas divorciadas a analizar la validez del primer vínculo matrimonial, aumentando los heridos del hospital de campaña que el Papa se empeña en recuperar.

"Ya nadie podrá decir que los procesos de nulidad matrimonial son caros, largos y complicados, como yo creía también antes de iniciar el mío", afirmó a LA NACION la abogada Julieta Levene, divorciada, con cuatro hijos y que ahora asesora a matrimonios en la diócesis de San Isidro.

"Sentí necesidad de dar a conocer este camino a otros divorciados que veo cerca de mí, que tienen dudas sobre la validez de su matrimonio y que sufren con dolor una noche oscura en su fe", dijo Levene, que está terminando la licenciatura en Derecho Canónico en la Universidad Católica Argentina, luego de que el cardenal Jorge Bergoglio la motivara a hacerlo en octubre de 2012.

Con su experiencia, sostiene que las reformas apuntan a "la necesidad de acompañamiento que tienen las familias heridas por el divorcio. No basta con facilitar un trámite judicial si ellos no experimentan gestos de apertura y cercanía real", precisó la especialista.