Por PABLO LAPUENTE.

El diputado provincial del Frente Renovador (FR) Rubén Eslaiman ratificó la importancia que tiene para su espacio político la Ley 14.836, de su autoría y sancionada en 2016, que pone fin a las reelecciones indefinidas de intendentes e intendentas y cargos legislativos en la provincia de Buenos Aires. Su postura, que es la de uno de los hombres más cercanos a Sergio Massa en la Legislatura, se da a instancias de la intención de un grupo de jefes comunales del justicialismo de modificar la normativa con el respaldo del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y avisa: “Si (la discusión) vuelve a entrar a la Legislatura, estaremos en contra”. 

“La ley es una conquista que hemos logrado y que beneficia a toda la sociedad, porque no sólo renueva la política sino que, además, impide el estancamiento de los funcionarios en sus cargos. Por eso no vamos a borrar con el codo lo que escribimos con la mano”, afirmó a Letra P el presidente segundo de la Cámara de Diputados bonarense sobre esta iniciativa que lleva su firma y que de mantenerse tal cual se sancionó hace cuatro años también le pondría un obstáculo a su propia carrera política en el ámbito legislativo, ya que asumió por primera vez en 2011 y fue reelecto en 2015 y 2019. 

De todos modos, el legislador oriundo de San Martín aseguró que en el massismo están dispuestos persuadir de manera interna a sus pares del Frente de Todos (FdT), primero, y a legisladores y legisladoras de otros espacios políticos, después, en el caso que se avance en un proyecto que pretenda modificaciones. En su momento, contaron con el voto favorable de Cambiemos y el Bloque Peronista, y el rechazo del Frente para la Victoria y el Partido Justicialista. “Si volviera a entrar a la Legislatura, estaremos en contra”, adelantó Eslaiman y reconoció que de todos modos los jefes y jefas territoriales pueden recurrir a la Justicia.

LOS NÚMEROS NO DAN. De acuerdo a una publicación de Clarín, Fernández dedicó, durante un cónclave cerrado en Avellaneda, varios minutos a respaldar a los dueños de los votos en una estrategia que les permita esquivar la ley 14.836 y tener, al menos, la posibilidad de un mandato más a aquellos que asumieron en 2015. El gesto, que se transformó en un hecho político de cara a las próximas elecciones, amenazó con cambiar la agenda actual y generó silenciosas tensiones en el interior de la coalición de gobierno. 

Es que el visto bueno presidencial les permite a los intendentes e intendentas allanar un nuevo camino sobre la norma aprobada en 2016. Según pudo saber este medio de distintas fuentes municipales, no hay una estrategia definida sobre cómo avanzar en este sentido, aunque visibilizan la posibilidad de presentar un amparo en la Justicia o enviar un proyecto de reforma a la Legislatura. En ambos casos, hay consenso sobre impedir que la ley sea retroactiva. Es decir, que se cuente como un primer mandato legislativo a partir de 2017 y ejecutivo al 2019.  

Esta última posibilidad es respaldada también por el bloque Cambio Federal en la Cámara de Diputados. “Tal cual está, es inconstitucional. Y está mal a partir del periodo que se contempla. Como fue sancionada en 2016 debería estar vigente a partir de la elección de 2017”, aclaró a Letra P el presidente de esta bancada opositora Walter Carusso, quien al momento de la aprobación acompañó la iniciativa desde su banca en Cambiemos pero marcó estas disidencias particulares durante la votación. Si el debate avanza, habrá que tener en cuenta que no sólo rechazó la ley el diputado Mario Giacobbe, que hoy preside el bloque 17 de Noviembre, sino una buena porción del oficialismo, como los sectores del kirchnerismo, el justicialismo y La Cámpora.