La Auditoría General de la Nación (AGN) salió a ponerle frenos a la estrategia del gobierno de Javier Milei de sembrar sospechas sobre la administración de las universidades nacionales. Le recordó que la legislación establece que el Poder Ejecutivo no es el encargado de auditar la contabilidad ni la gestión de esas casas de estudio sino que el responsable de solicitar esa tarea es el Congreso nacional.

De esta manera, el organismo encabezado por Juan Manuel Olmos desbarató las amenazas de varios funcionarios del Gobierno -incluido el Presidente- que, para desacreditar la demanda de fondos exigida por la totalidad de los rectores de las universidades públicas, durante los últimos días hablaron de supuestos “negocios turbios” en distintas facultades.

Aún así, el Gobierno volvió a arremeter con su estrategia. Trató de instalar la idea de que nadie controla los gastos de las universidades y calificó de “farsa” a la autonomía y autarquía de esas instituciones.

Este miércoles, el vocero Manuel Adorni fue enfático en su discurso insostenible: “Terminemos con la farsa de que a mí no me auditan porque soy autárquico. Tenemos que auditar porque es lo que el ciudadano quiere, la gente necesita saber en qué se gasta cada uno de los pesos de su bolsillo que se van en impuestos”, lanzó e insistió con que "parte de la defensa de la universidad pública tiene que estar dada también por las auditorías que queremos todos”.

Pero diga lo que dijese el Gobierno, “el Poder Ejecutivo no podría auditar” la administración de las universidades, porque el control externo de esas instituciones “lo realiza el Congreso a través de la AGN”, explicó el auditor general Juan Manuel Olmos durante una entrevista radial.

El mecanismo es el siguiente: las auditorías son puestas a consideración, debatidas y aprobadas o rechazadas por la comisión mixta revisora de cuentas del Congreso de la Nación. Ese cuerpo está integrado por legisladores de ambas Cámaras que determinan por mayoría cómo, cuándo, por qué y dónde se hará la revisión de gastos.

De esta manera, tanto la AGN como el Poder Legislativo pueden “determinar cuáles son los aspectos del gasto presupuestario” y cómo se ejecuta cada partida asignada. Y cada auditoría “no solamente revisa el estado contable” de las universidades sino también “el estado de la gestión” de cada una de ellas.

En este punto, Olmos sostuvo que la mayoría de los resultados negativos que se obtienen tras la auditoría refieren a cuestiones vinculadas a “la ineficiencia del gasto” y no tanto por los “negocios turbios” de los que habló el presidente Milei.

“Hay veces que no tenemos hechos de corrupción sino de ineficiencia del gasto”, aclaró y precisó que las últimas auditorías que tiene a su cargo la AGN son en las universidades de La Plata, del Nordeste, de Córdoba, Salta, Jujuy y Formosa.

“En el caso de la UBA –puntualizó-, que es la más grande y la que más presupuesto lleva, habría que pedirle a la comisión que ingrese un plan integral si el objetivo es auditarla",

Además, el funcionario explicó que cada casa de estudios superiores “tiene auditorías internas” de su propia gestión, que son permanentes y que a su vez son supervisadas por organismos de control externos a ellas.

 

"A esas auditorías se refieren las universidades para decir que están siendo auditadas. Se trata de un control interno" que a su vez “es concomitante” a la que haga la AGN, concluyó.