Por: Pablo Petovel.

La crisis que afecta al grueso de la población argentina tiene su versión en las cuentas de la Provincia de Córdoba. La inflación, lejos de aplacarse, se multiplicó, y la recesión se hizo cada vez más aguda, arrastrando los ingresos del Centro Cívico, cuya recaudación depende casi en su totalidad de la actividad económica.

Los últimos números de ingresos publicados por el Panal son elocuentes (y preocupantes): la recaudación cayó 5% en octubre, 7% en noviembre y 17% en diciembre, siempre en términos reales, encadenando un trimestre de derrumbe a niveles sólo equivalentes a los padecidos en los meses de pandemia.

La caída se produjo porque la inflación se descontroló (más que antes) en el último trimestre de 2023 y la recesión, que ya venía asomando tras las elecciones primarias, se profundizó después de la devaluación que aplicó el presidente Javier Milei.

No es una sorpresa para el Panal, para nada.

Fue el propio Milei quien advirtió en el primer discurso en la puerta del Congreso que su gobierno “comienza con una estanflación”.

Pues bien, ese fenómeno (la combinación de estancamiento y alta inflación) es lo que está padeciendo el gobernador Martín Llaryora en sus primeras semanas al frente del Centro Cívico.

EN ROJO

El estrangulamiento de ingresos en el último cuatrimestre fue tan profundo que la “película” del 2023, que había comenzado con ingresos positivos, terminó en rojo para el Centro Cívico.

Así es, a lo largo de todo el año pasado, la Provincia recaudó un total de $ 2,35 billones, un 121,3% más que a lo largo del año previo, pero con una tasa de inflación que con el 24,2% de diciembre promedió el 123,3% entre enero y el último mes de 2023.

¿Lo peor está por venir? Sí, lo peor está por venir, porque la inflación seguirá siendo muy alta, al menos entre febrero y abril.

Lo reconoció el mismísimo Milei el sábado en declaraciones radiales: “Argentina seguirá padeciendo alta inflación durante unos meses”, dijo.

Además, la caída de la actividad va a golpear la coparticipación hacia las provincias, impactando en los ingresos por IVA y Ganancias, dos repartos clave para Córdoba.

En paralelo, la recesión afectará –más todavía– a Ingresos Brutos y Sellos, los otros dos impuestos, en este caso locales, que más se ven golpeados en tiempos de recesión.

Guillermo Acosta, el ministro de Economía y Gestión Pública de Llaryora, ya lo sabía. Es por eso que, esta vez, la Provincia decidió ajustar mensualmente los impuestos patrimoniales.

Quienes no abonen el pago único del Inmobiliario Urbano, las cuotas se irán ajustando mes a mes según la evolución de los salarios privados (por el Ripte del Ministerio de Trabajo).

En el caso del Automotor, la actualización se hará con el aumento del valor de venta de los vehículos.

El Inmobiliario Rural, en tanto, se actualizará según avancen los precios agropecuarios del Índice de Precios Internos Mayoristas (Ipim).

De esta forma, Llaryora espera no llegar a fin de año con los impuestos patrimoniales convertidos en una porción mínima de la torta de recaudación de la Provincia, como viene ocurriendo en todos los últimos años de la gestión de Juan Schiaretti.

CUESTIÓN DE FONDO

Por otra parte, y sabiendo la sequía recaudatoria prevista para 2024, la actual administración provincial decidió agregar dos fondos en el Inmobiliario de destino específico.

El “Fondo de seguridad ciudadana y de mejoramiento de los servicios públicos y sociales” y el “Fondo provincial de inclusión social de personas con discapacidad” son los nombres de las dos flamantes incorporaciones al entretejido de recaudación de la Provincia.

El primero se conformará con un adicional del 4% al Impuesto Inmobiliario Urbano y, el segundo, con un extra del 2% en el mismo tributo

La profundidad de la crisis que se viene hizo que Llaryora, aun sabiendo el fuerte costo político que debería pagar, decidiera llevar a la Unicameral el proyecto para subir los aportes de los empleados para financiar la Caja de Jubilaciones y la obra social provincial (Apross).

Cada peso menos en la columna de los gastos es uno más que compensa la baja en los ingresos.

En el mismo sentido, como explicó La Voz, la idea de Llaryora es bajar el impacto de los pagos de la deuda en 2024 y 2025, cuando vence parte del capital de dos de los grandes bonos en dólares. El Panal ya está hablando con los bancos para flexibilizar esos compromisos.