Por: Alejandra Zapata Quinchía.

Diez países de América Latina y el Caribe han promulgado leyes o reglamentos sobre Etiquetado Nutricional en la Parte Frontal del Envase (ENPFE). Siete de estos han implementado, o están en proceso de implementar, advertencias nutricionales con octógonos negros, entre los que se encuentra Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela y Uruguay.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), estas advertencias nutricionales con octógonos negros reducen eficazmente la intención de compra de productos con exceso de calorías, azúcar, sodio y grasas saturadas, ayudan a los consumidores a tomar decisiones más saludables y contribuyen a la reformulación de los productos alimenticios.

“Todos estos beneficios no afectan a los puestos de trabajo, los sueldos, los salarios, la producción física ni los beneficios del sector de producción de alimentos. El Enpfe podría ser eficaz para reducir el consumo de energía, lo que conllevaría una disminución de la prevalencia de la obesidad y, por tanto, un ahorro de recursos fiscales en costos sanitarios”, señaló la FAO en su más reciente informe sobre el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2022.

Por otro lado, 21 de los 33 países de América Latina y el Caribe aplican impuestos especiales a las bebidas azucaradas, lo que aumenta los precios minoristas, reduce la demanda de bebidas azucaradas gravadas entre un 15% y un 24%, provocando una disminución en su consumo.

Sin embargo, la FAO recalcó que este tipo de impuestos ayudan a mejorar la salud de la población y generan más ingresos para el presupuesto público.

“Una evaluación realizada en México mostró que, tras la implementación de los impuestos sobre las bebidas azucaradas en 2014, no se observó una disminución del empleo en los sectores asociados a la medida, ni en el sector manufacturero ni en las tiendas comerciales de venta de alimentos y bebidas y, en general, las tasas de desempleo nacional no aumentaron”, señaló la FAO.

Y agregó que se demostró que el bienestar económico de un país podría mejorar gravando alimentos y bebidas de alta densidad energética y mínimo valor nutricional.

Así, según varias estimaciones, con impuestos del 10%, 20% o 30%, los ingresos fiscales podrían alcanzar entre US$528 millones (impuesto del 10%) y US$950 millones (impuesto del 30%).

No obstante, la FAO también destacó que es importante analizar el impacto de la implementación de estas políticas en relación con la asequibilidad de dietas saludables a nivel nacional, así como recopilar y generar más pruebas para supervisar y evaluar la aplicación de las políticas con el fin de garantizar dietas saludables para todos.