En una dura resolución también hay críticas para el Gobierno, porque según los camaristas la ministra Patricia Bullrich viajó a Líbano y no reclamó “cooperación penal” respecto al atentado.

Con las firmas de los jueces Jorge Ballestero y Lepoldo Bruglia, la sala I de la Cámara Federal reclamó al juez Rodolfo Canicoba Corral que “se adopten las medidas pertinentes para darle celeridad al agotamiento de las mismas y evitar demoras innecesarias en el desarrollo del proceso”.

El tercer juez de ese tribunal es Eduardo Freiler, a quien la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura recomendó ayer su juicio político.

La Cámara manifestó su malestar en varios tramos de su dictamen. Por ejemplo, pidió al juez que urja “a las autoridades u otras personas encargadas del diligenciamiento de oficios, exhortos, realización de peritaciones o cumplimientos de otros trámites, tratando de utilizar todas las herramientas procesales para simplificar los reclamos pertinentes”. La demora hasta la exasperación de esas diligencias procesales es la respuesta procesal a la pregunta sobre la demora de la justicia para avanzar en la investigación del ataque terrorista. Pero los camaristas -como muchos argentinos- deslizan en su texto que aquellas podrían no ser más que excusas para esconder otras razones de raíz política.

“Esta actitud jurisdiccional es de suma importancia, sobre todo ante casos de suma gravedad y complejidad como el presente, que necesariamente reclama un constante y ordenado esfuerzo en aras de respetar la celeridad y eficacia de la investigación”, agregaron ambos jueces.

En su voto particular, Ballestero encomendó a Canicoba Corral que “remita copias” del dictamen de la Unidad Fiscal AMIA al gobierno nacional y al Poder Legislativo “a fin de que, en el marco de sus respectivas competencias, extremen los esfuerzos para concretar las diligencias cuya realización depende de su exclusiva intervención”. La UFI AMIA, que hasta su muerte ocupaba el fiscal Alberto Nisman, hoy está integrada por Leonardo Filippini y Roberto Salum.

El juez cuestionó también al Congreso, ya que “no se obtuvo, por parte de la autoridad parlamentaria, novedad alguna” respecto al pedido de información sobre “relevar de secreto los tramos de la actividad estatal” vinculada a la pesquisa “pese a que (ello ocurrió) hace un año”. Ballestero criticó además que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich visitó Líbano hace un año y “no abordó la temática relativa a la cooperación penal en torno al atentado perpetrado en la sede de la AMIA”.

Los camaristas, finalmente, accedieron a otorgar los seis meses de prórroga para la instrucción que habían solicitado Canicoba Corral.