El costo del aborto: $ 4.000 millones el primer año y un 130% más hacia 2021

El costo del aborto: $ 4.000 millones el primer año y un 130% más hacia 2021

Profesionales de Ciencias Económicas analizaron el costo de la práctica a nivel global y su estimado en precios locales. La aplicación de la pretendida ley representa un 20% del ahorro que el Gobierno pretende conseguir con el reciente decreto que recorta gastos.

Un reciente informe elaborado por economistas de diversas partes del país sobre el costo de la legalización del aborto sostiene que, de incorporarse esta práctica al sistema público de salud, el Estado debería desembolsar al menos $ 4.000 millones durante el primer año (equivalente al 20% del recorte anunciado por el Gobierno) y una cifra cada vez mayor en los subsiguientes períodos.

Tal es el resultado que refleja el estudio titulado "El costo de la ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) en Argentina", elaborado por los Profesionales de Ciencias Económicas a Favor de la Vida.

Los economistas autoconvocados para el estudio fundamentan sus conclusiones en un estudio comparado con "proyecciones razonables relativas a la evolución de las cantidades de abortos realizados en diferentes lugares del mundo, donde la práctica ya es legal", en base a datos oficiales y públicos.

En segundo lugar, y en función de datos del mercado de suministros y servicios de salud, estiman el costo promedio de un aborto farmacológico en Argentina, considerando también las complicaciones derivadas de ellos, y de un aborto con intervención quirúrgica.

Un costo altísimo que desfinanciaría otras prestaciones

La investigación afirma que "el costo promedio de un aborto a nivel mundial es de u$s 424 para el caso farmacológico y de u$s 726 en el caso del aborto quirúrgico"

Teniendo en cuenta que un aborto farmacológico requiere análisis de laboratorio, ecografía, consulta médica y y medicamentos abortivos, y tras consultar los datos de obras sociales y nomencladores públicos de salud, se estima que la práctica del aborto cuesta, hoy día, $ 7.035, sin días de internación; caso contrario, el costo es de $ 8.885.

En el caso del aborto quirúrgico, el costo se multiplica entre dos y tres veces, y asciende aproximadamente a los $33.000. El punto es especialmente importante si se considera que la ley prevé la posibilidad de abortar más allá de la semana 14 y sin plazo final, es decir, incluso hasta el noveno mes.

En consecuencia, si en Argentina se realizan 500.000 abortos al año -tal como proponen los impulsores de la ley- la implementación del aborto legal tendría un costo muy cercano a los $ 4.000 millones durante el primer año de aplicación. Esto, tomando como supuestos de que el 100% de los abortos sean de tipo farmacológico, con una tasa 0% de complicaciones post-aborto, y excluyendo del análisis los abortos hechos con posterioridad a la semana 14.

Los economistas observan que "el costo para el primer año de aplicación ($ 4.000 millones) equivale al 20% del ahorro que el Gobierno nacional procura conseguir a partir del reciente decreto que congela contrataciones, reduce el uso de la flota de vehículos oficiales y recorta contrataciones con universidades nacionales", en aras del pretendido ahorro.

La tendencia mundial: más abortos y más gasto público

Habiendo estudiado los casos de Finlandia, Noruega, Suecia, Francia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Uruguay y España, los economistas sostienen que "los índices de aborto aumentan dramáticamente en los años posteriores a su legalización", el informe se plantea qué proyección de gastos acarrearía para las arcas del Esado.

Tomando el caso de Uruguay, donde la tasa de abortos practicados creció 35% en tres años, el informe estima que "la aplicación de la ley significaría $ 9.200 millones hacia 2021".

"Ante tal panorama -dice el estudio- considerando la significativa incidencia presupuestaria del proyecto que se debate, poner en discusión la forma en que la ley sería financiada, luce como una premisa fundamental". De acuerdo a su estimación, el Estado solo podría financiar tal práctica reasignando recursos de otras prestaciones, estableciendo nuevos impuestos, o tomando deuda en el mercado financiero.

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