Charles Scicluna es, quizás, el hombre más calificado en el combate a los abusos sexuales contra menores en toda la Iglesia católica. Con 10 años de experiencia como fiscal eclesiástico para los delitos graves de los sacerdotes, su perseverancia y dedicación plasmaron la llamada “tolerancia cero” nacida en el pontificado de Benedicto XVI. Su designación como enviado especial a Chile no es casual. Constituye la prueba más tangible del deseo de Francisco por aclarar, de una vez por todas, el caso de Juan Barros. Es la hora de la verdad, para las víctimas de Fernando Karadima y para el obispo de Osorno. 

  

Como enviado papal, el arzobispo de Malta tendrá un amplio margen de acción. Se entrevistará con los denunciantes. Lo hará, como es común en estos casos, en privado y con la presencia de algún testigo. Las víctimas podrán aportar sus informaciones y prestar declaraciones, eventualmente transcriptas y certificadas por un notario eclesiástico. Es la práctica consolidada. Scicluna podrá también escuchar otras voces, si lo considera necesario.  

  

No es la primera vez que se acerca personalmente a las víctimas y escucha sus historias. Entre 2002 y 2012 fungió como promotor de justicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede. Es la figura del “fiscal” que conduce las investigaciones canónicas ante las denuncias por los “delicta graviora”, incluidos los abusos. En ese lapso de tiempo procesó más de cuatro mil denuncias. Afrontó los procesos más delicados, desde la crisis en Estados Unidos hasta las famosas sentencias contra Marcial Maciel Degollado y el propio Fernando Karadima. 

  

El 3 de abril 2005, Scicluna aterrizó en la Ciudad de México por mandato del entonces todavía prefecto de la Doctrina de la Fe, cardenal Jospeh Ratzinger. Permaneció en el país 13 días, durante los cuales encabezó maratónicas sesiones con los denunciantes del fundador de los Legionarios de Cristo. Lo acompañaba un notario eclesiástico, el sacerdote mexicano Pedro Miguel Funes Díaz. Recogió unos 30 testimonios, aplicando siempre la misma dinámica. Cada testigo relató en privado sus vivencias, que eran capturadas por el notario. Al final, se leía la transcripción permitiendo agregar o quitar frases. Una vez aceptado el contenido del documento, lo firmaba el declarante. Luego era autenticado con la rúbrica del promotor y el sello del Vaticano. A cada texto se le asignaba un número de protocolo.  

  

Quienes participaron de estas sesiones de trabajo aseguran que el clérigo maltés y su acompañante llegaban al final del día exhaustos. No sólo por la extensión de las declaraciones sino, sobre todo, por su escalofriante contenido. Antes de regresar a Roma, pasaron por Nueva York para dialogar con otra víctima. Todos aquellos escritos sirvieron para alcanzar la certeza moral de la culpabilidad de Maciel no sólo de los abusos, sino también de otros graves actos como la “absolución de cómplice”. 

  

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Aquellos testimonios alcanzaron el estatus judicial probatorio de evidencia incuestionable porque cubrieron ciertos requisitos. Eran más que señalamientos mediáticos. Se trató de relatos circunstanciados, específicos y convergentes, ofrecidos bajo juramento. Antes de prestar su declaración, cada víctima besaba una cruz y adquiría un compromiso de veracidad. En mayo de 2006, el Papa Benedicto XVI autorizó la condena del fundador a una vida de retiro y oración, marginándolo de la vida pública gracias a una suspensión “ad divinis”. 

  

Si bien existen algunas diferencias, el antecedente vale para el caso de Barros. Maciel era acusado él mismo de ser abusador, al obispo de Osorno se le señala como presunto encubridor. La principal y más clara distinción. Pero no sería raro que, quienes se reúnan con Scicluna en Chile, adviertan un escenario similar. Precisión y protocolo para dar validez a sus declaraciones. 

  

Charles Scicluna es, también, uno de los pocos clérigos que conoce a fondo el caso Karadima. Él todavía prestaba servicio en la Curia Romana cuando llegaron las primeras denuncias contra el ex párroco del templo Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en la exclusiva avenida El Bosque de Santiago de Chile. Corría el año 2010. Entonces, el proceso eclesiástico se activó con rapidez. Pese a que la justicia civil había cerrado el caso.  

   

Vista la delicadeza del asunto, la Doctrina de la Fe decidió nombrar un comité de tres delegados para estudiar el expediente, a diferencia de la costumbre de nombrar uno solo. El resultado fue un veredicto de culpabilidad. Aunque los defensores de Karadima apelaron, sin éxito positivo. Así, el 18 de marzo de 2011 se emitió el decreto correspondiente, comunicado en rueda de prensa por el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati. Aquel capítulo se cerró ahí. Pero no el de los pupilos del sacerdote. Aquellos que pasaron por la extinta Pía Unión Sacerdotal, entre ellos el obispo Juan Barros.  

  

Hasta ahora, Francisco mantenía una convicción: lo consideraba no culpable. Por eso lo designó obispo de Osorno, el 15 de enero de 2015. No porque lo apañase, o lo protegiese. No es un viejo conocido suyo, ni proviene de su grupo eclesiástico más cercano. Como lo confesó a su regreso de Chile y Perú, Bergoglio no tiene elementos objetivos para condenarlo. Hechos concretos y certificados, no menciones de prensa. 

  

Por eso lo mantuvo en su puesto, pese a la protesta de algunos laicos y el clamor mediático. Incluso contra la opinión de varios otros obispos chilenos, quienes le recomendaron mejor concederle a él (y a otros prelados “karadimistas”) un año sabático. Ahora, con la llegada de Scicluna, que se concretará en breve, debería ponerse un punto final a un escándalo que se ha extendido por demasiado tiempo. En estos términos, la verdad no puede escaparse. Ni pasar desapercibida. 

  

La Conferencia Episcopal Chilena respondió al anuncio de la Santa Sede sobre la designación del enviado papal, afirmando que demuestra cómo, además de ofrecer mensajes y homilías luminosos en su pasó por el país, Francisco también tuvo una “actitud de verdadera escucha y cercanía hacia la realidad y desafíos de la sociedad chilena y de la Iglesia”. 

  

“Los detalles de la concreción de este servicio encomendado a Mons. Scicluna se comunicarán próximamente”, añadió la nota firmada por Cristián Contreras Villarroel, obispo de Melipilla y presidente “en ejercicio” de ese órgano episcopal. Mientras tanto, desde Osorno comentaron: “El obispo hoy está fuera de la ciudad y ha dicho que acoge con fe y alegría todo lo que decide el Papa, pidiendo a Dios que resplandezca la verdad”.