La semana pasada, Mariana Stilman y Ezequiel Strajman, los dos letrados que llevaban adelante la representación estatal en el proceso renunciaron a su cargo por diferencias con el ministro de Justicia, Germán Garavano. Según los abogados, la nueva posición gubernamental compromete el caso por la voladura de la mutual judía. Por tal motivo, organizaciones vinculadas a familiares del atentado, junto a otras entidades de Derechos Humanos, presentarán una nota ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El CELS está a cargo de la redacción de la presentación que buscará que la delegación que desembarcará en el país a mediados de año asista a las audiencias del juicio para generar presión.

Las agrupaciones Memoria Activa, Apemia y 18-J están unificando posición ante lo que vislumbran como un intento estatal de hacer un "foja cero" y provocar la caída del juicio por encubrimiento que, entre otros, tiene en el banquillo de los acusados al expresidente Carlos Menem, toda su cúpula de inteligencia y al exdirectivo de la DAIA, Rubén Beraja, además del juez, Juan José Galeano, y los fiscales originales del caso. 

El episodio que desencadenó en el portazo de la abogada Mariana Stilman que argumentó que había recibido órdenes directas del ministro de Justicia, Germán Garavano, para que su querella dejara de tener un rol activo en el juicio, puso en alerta a los familiares. El mismo camino siguió Ezequiel Strajman, quien renunció en plena audiencia del jueves último, alegando los mismos motivos. Ambos señalaron a Miguel Inchausti como una suerte de "interventor" en la orientación de la representación estatal. Entre las querellas, despertó suspicacias el repentino cambio de rumbo.