La Justicia en Mendoza pidió hoy al Vaticano información detallada sobre los curas acusados de pedofilia del Instituto Antonio Próvolo, con sede central en Verona (Italia) y La Plata, que fueron trasladados a la Argentina.

Por un pedido de los abogados de las 27 víctimas, se presentó a declarar el vicario judicial del Arzobispado de Córdoba, Dante Simón (62), en la causa por abusos sexuales a chicos sordos del colegio religioso Próvolo, en Luján de Cuyo, Mendoza.

El cura Simón, que es el investigador bajo el derecho canónico, junto al sacerdote Juan Martínez (45), se amparó en el secreto clerical para evitar responder algunas de las preguntas de la querella.

Por eso, la Justicia le ha pedido por medio de un exhorto que responda –a la brevedad- sobre los curas enviados a la Argentina, que arrastraban denuncias por delitos sexuales con menores en Italia, y qué información tienen en su investigación paralela sobre los acusados.

 El abogado de las familias víctimas, Sergio Salinas, dijo que ahora la Iglesia tiene “el deber de informar todo lo que pasó en Próvolo de Verona y La Plata, y contar lo que están investigando sobre los dos curas detenidos".

Y estimó que, como los enviados de la Santa Sede se van el sábado, "tienen tiempo hasta el viernes para facilitar la información". "Si no lo hacen, se sabrá que la Iglesia no quiere colaborar", dijo el querellante.

El emisario del Papa analizó que no era potestad del Arzobispado local controlar lo que ocurría en el interior del colegio religioso de Luján de Cuyo donde se produjeron los abusos: "El Instituto Próvolo es una congregación religiosa con estructura de gobierno, es el superior general que está en Verona, quien debería haber controlado y dar la cara".

Son 27 víctimas que han declarado con asistencia de intérprete de señas, por tratarse de menores hipoacúsicos, pero los investigadores creen que son muchos más los que aún no se animan a contar sus padecimientos. Los abusos denunciados a los chicos y adolescentes internados en el colegio religioso ocurrieron entre 2005 y 2016.

Hay seis detenidos, entre ellos, el sacerdote italiano Nicolás Corradi (82), quien cumple prisión preventiva y arrastra denuncias desde hace 50 años en Verona y el cura Horacio Corbacho (55), que está alojado en el Penal de Boulogne Sur Mer. También están detenidos los administrativos y personal de maestranza Jorge Bordón (50), Armando Gómez (46) y José Luis Ojeda (41).

Hace diez días, se presentó a la Justicia –a partir de un pedido de captura a Interpol- la sexta imputada y ahora encarcelada, la monja de origen japonés Kosaka Kumiko (42).

Ayer, después de una audiencia judicial que duró seis horas, el enviado de la Santa Sede dijo: “He venido a averiguar de dos casos de sacerdotes acusados, no estoy en condiciones de decir cómo ocurrieron los hechos”. Pero el sacerdote Simón aclaró que van a responder a la petición del fiscal adjunto Flavio D'Amore, quien pidió conocer detalles de lo que sabía la Iglesia en la Argentina sobre la congregación del Próvolo.

"No hemos tenido contacto con las víctimas porque los abogados han dicho que no quieren hablar con nosotros", explicó el investigador de la Santa Sede. Y señaló que no se entrevistarán con la monja Kosaka Kumiko, detenida como partícipe primaria de los abusos, porque "no corresponde”, ya que la Iglesia sólo investiga a los sacerdotes, quienes tienen estado clerical.

El vicario Simón relató que los curas detenidos, Corbacho y Corradi, niegan los abusos y dicen que son inocentes. “La mayoría de los denunciados siempre niegan el hecho, ya sea porque son inocentes o por la psicología de abusador, que no asume los hechos”, describió el sacerdote que investiga para el Vaticano.

Y sobre el impacto que tiene para la Iglesia este caso, dijo: “Son hechos gravísimos y aberrantes. Es un dolor que no tiene límite para la Iglesia, que ministros sagrados hayan cometido los actos que se están publicando. Es algo que nos entristece, nos humilla y nos hace daño. Y no nos identifica con lo que el evangelio nos dice que hay que proteger, especialmente, a los más vulnerables”.

El abogado Salinas confirmó que las víctimas no quieren entrevistarse con los enviados del Vaticano porque "no confían, se van a sentir revictimizadas. Lo que sí quieren es que informen. Desde el 2008 que vienen pidiendo que la Iglesia actúe".

Antes de abandonar el edificio de tribunales, el cura Simón habló del interés del Papa Francisco por conocer la verdad en esta causa y también de su silencio: “Hay un interés del Papa por este tema, pero no puede opinar o hablar de hechos que son singulares de un territorio. El Papa Francisco ha mandado a realizar una investigación, ese es un modo de hablar”. Y sobre la condena que recibirían los curas, aclaró: “No tenemos cárceles, pero podemos aplicar una pena temporal o expulsarlos del estado clerical”.