Finalmente la sede episcopal de Iglesia Catedral Stella Maris del barrio porteño de Retiro volverá a tener un obispo, Santiago Olivera. Luego de una década de absoluto silencio eclesial sobre la sede vacante, el Obispado Castrense cierra una etapa polémica y dolorosa que entre el 2005 y  2007 tuvo idas y vueltas en la relación Iglesia-Estado que en más de una ocasión pusieron en riesgo la relación diplomática entre nuestro país y la Santa Sede.

Desde hace siglos está reconocida la asistencia espiritual a los militares, especialmente a partir del siglo XVI y XVII. Salvo algunas normas puntuales, fue San Juan Pablo II quien en 1986 dictó la Constitución Apostólica Spirituali Militum Curae para regir las actividades de la Iglesia en su particular relación con las personas que sirven en las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Casi tres décadas antes, el 28 de junio de 1957, en nuestro país se había creado el Vicariato Castrense, establecido por Acuerdo entre la Argentina y la Santa Sede “Sobre jurisdicción castrense y asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas”; que a partir de la Constitución Apostólica Spirituali Militum Curae pasó a llamarse Obispado Castrense.

Este gesto de Francisco cerrará ¿definitivamente? el malestar en algunos sectores religiosos y militares por el dilatado nombramiento de un obispo al frente del ordinariato castrense. Hay que recordar que la polémica abierta en torno a las declaraciones de Antonio Baseotto, por entonces obispo castrense, y que le valieran al gobierno del entonces presidente Kirchner fuertes roces con la Iglesia Católica en sus distintos niveles, fue la que motivó que una vez que Baseotto presentó su renuncia por limite de edad, El Vaticano optara por dejar la sede vacante y únicamente a cargo de un administrador diocesano.

A pocas horas de haberse anunciado un ambicioso plan para reequipar a las Fuerzas Armadas, El Vaticano hace pública una decisión que ya estaba tomada y que involucra un nuevo giro, después de años turbulentos, en la relación Gobierno-Iglesia.