La CEP establece para estos casos el “Protocolo para investigar denuncias contra clérigos sobre abuso sexual de menores”, cuyas indicaciones han sido puestas en práctica desde el momento en que surgió la denuncia.

La denuncia compromete a los sacerdotes Francisco Javier Bareiro y Gustavo Ovelar, de la Congregación Oblatos de María, que trabajaban en la parroquia de Paso Yobai, de la Diócesis de Villarrica y que  fueron separados del cargo, de todo lo cual se informó a la comunidad y al fuero civil, que es la instancia que corresponde.

Desde ese momento entra en vigencia el punto 3.1.9, de la página 19 del protocolo donde se menciona que una vez que la denuncia esté en la sede penal, la investigación prevista en este Protocolo se deja en suspenso esperando la decisión de dicho tribunal.

Reiteramos el compromiso asumido al presentar este protocolo: “Como obispos, asumimos, basados en la misión y el ejemplo que nos dio el propio Jesucristo, en cuyo nombre servimos, de proteger a los menores y de evitar el abuso sexual”.

“Por esta razón y movidos por el amor a la Iglesia y a la verdad sobre las enseñanzas del Señor, queremos hacer cuanto sea necesario – con caridad, pero con justicia – para evitar los males que provienen de las graves faltas, que algunos ministros de la Iglesia puedan cometer contra los más vulnerables”.

Consideramos importante el proceso impulsado por la Fiscalía de Villarrica y el dictamen que al final emanará y alentamos al obispo local, Monseñor Ricardo Valenzuela  Ríos  a que, como Pastor de dicha Diócesis, siga de cerca el procedimiento y, por sobre todo, se mantenga en comunicación y cercanía con las víctimas y familiares.

En este sentido, acompañamos las manifestaciones de Monseñor Ricardo Valenzuela Rios, Obispo diocesano de Villarrica y Caazapá, expresadas en un comunicado emitido en la fecha.

Confiamos en que los superiores de la Congregación de los Oblatos de María Inmaculada adoptarán también todas las indicaciones y medidas contempladas en el Protocolo para el pleno esclarecimiento de los hechos.

Asunción, 18 de marzo de 2016

Oficina de Comunicación y Prensa CEP