A cinco días del fallo de la Corte Suprema de la Nación que aplicó el 2x1 en el caso de un represor condenado, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, criticó la resolución. “Nuestra posición es clara. Los crímenes de lesa humanidad deben ser tratados como tales y no como delitos comunes”, sostuvo ayer al inaugurar una muestra itinerante de Ana Frank en Vicente López. 

La mandataria bonaerense agregó que “la única forma de aliviar el dolor, de reparar en algo el sufrimiento de las víctimas, de los sobrevivientes y sus familias es con respuestas justas”. 

En ese sentido, consideró que se debe respetar “la división de poderes, pero también nuestra propia libertad de decir lo que pensamos”.

“La memoria, para los que gobernamos, es como en la vida: defender valores, que son los que hacen que estas situaciones de horror no se repitan”, prosiguió.

Frente a un auditorio integrado por Albert Gomes de Mesquita, sobreviviente del genocidio sufrido por el pueblo judío y compañero de escuela de Ana Frank, Vidal añadió que “el mejor legado frente a tanto horror, no solo en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, sino en lo que también pasó en nuestro país, es el aprendizaje y la justicia”, e insistió con que “ésa es la mejor manera de sostener la memoria”.

La sentencia

El miércoles último, con el voto mayoritario de los ministros Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, el Máximo Tribunal de Justicia declaró aplicable el cómputo del 2x1 (Ley 24.390) para la prisión en un caso de delito de lesa humanidad. 

La controvertida norma, que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, reduce el cómputo de la prisión al considerar el principio de la ley más benigna. Actualmente se encuentra derogada. 

Los jueces Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, que votaron en disidencia, sostuvieron que “no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad. Por el contrario, existe una consistencia en la definición, calificación y persecución de este tipo de delitos que se ha mantenido en diversos precedentes, no solo de esta Corte Suprema, sino de todo el Poder Judicial”.

Al día siguiente del dictamen, el Tribunal Oral Federal 5 recibió los dos primeros pedidos de represores para ser liberados a través de este beneficio.

Denuncian por prevaricato a los jueces que votaron el 2x1 

El abogado y exlegislador porteño Marcelo Parrilli denunció ayer penalmente a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, los ministros de la Corte Suprema que fallaron a favor de la aplicación del 2x1 a represores de la última dictadura.

La causa, que quedó radicada ante el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas bajo el número 5900/2017, apunta a la figura penal del “prevaricato”.

El denunciante sostuvo que los jueces que avalaron la aplicación del beneficio en el cómputo de la pena para el caso del condenado por violaciones a los Derechos Humanos, Luis Muiña, excede los alcances previstos por la legislación. 

La objeción apunta al concepto que permite aplicar la norma para un condenado por un hecho ocurrido antes de la vigencia de la ley, quien, además, ingresó en prisión preventiva con posterioridad a su derogación.

Para el obispo castrense, “la verdadera reconciliación solo se va a conseguir con justicia”

El obispo de Cruz del Eje y prelado castrense, Santiago Olivera, consideró ayer que el fallo de la Corte Suprema que aplicó la Ley del 2x1 en un caso de lesa humanidad no lleva a un camino de reconciliación, tal como lo pregona la Iglesia. 

“A veces se cree que pensar en un camino de reconciliación supone también impunidad y dejar atrás los delitos aberrantes cometidos, pero no es así. La verdadera reconciliación solo se va a conseguir con justicia, reparación y verdad”, dijo Olivera.

“Lo del 2x1, uno supone que es impunidad para cualquiera que haya cometido un delito; nunca puede dejar de cumplirse lo que la ley ha marcado, y la impunidad siempre prepara nuevos delitos”, sostuvo en declaraciones periodísticas. 

Por último, señaló que “hay que recuperar el cumplimiento de la ley, y esta norma esta derogada” por lo que “da la sensación de que es un beneficio que no produce el camino de reconciliación del que está hablando la Iglesia”.