La investigación contó con la intervención de la Dirección de Auditoría Interna de la AFIP, con la colaboración de la Agencia Federal de Inteligencia, e implicó la desencriptación de las computadoras, de escuchas telefónicas y entrecruzamientos de datos.

Por lo pronto, el magistrado pudo determinar la existencia de una organización con acceso a la base de datos de la AFIP que se dedicaría a la acumulación y venta de información secreta.

La causa se originó en agosto pasado luego de que el diario Página/12 reveló que familiares del presidente Mauricio Macri se habían acogido al blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno.

Por la violación del secreto, a los culpables podrían sufrir pena de 2 años de prisión y 4 de inhabilitación, según lo establece tanto el Código Penal como la ley de Sinceramiento Fiscal en su artículo 87. Pero en el caso de funcionarios públicos, la pena puede extenderse a 3 años de prisión y hasta 10 de inhabilitación.