El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, impulsó este lunes en la Legislatura un proyecto de ley mediante el cual buscará adherir a la Ley Nacional n°23328 –de Contratos de Participación Pública-Privada- y derogar la n° 4.791 -de Desarrollo y Ejecución de Proyectos de Obras de Infraestructura y Servicios-. Según consignó Parlamentario.com, el funcionario […]
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, impulsó este lunes en la Legislatura un proyecto de ley mediante el cual buscará adherir a la Ley Nacional n°23328 –de Contratos de Participación Pública-Privada- y derogar la n° 4.791 -de Desarrollo y Ejecución de Proyectos de Obras de Infraestructura y Servicios-.
Según consignó Parlamentario.com, el funcionario explicó que la misma tiene como objeto “desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica” y aseguró que “los proyectos que se desarrollen bajo esta ley podrán tener por objeto uno o más servicios de diseño, construcción, ampliación, mejora, mantenimiento, suministro de equipamiento y viene, explotación u operación y financiamiento”.
Asimismo la propuesta indica que cualquier contrato que se enmarque en esta ley deberá “fomentar la participación directa o indirecta de pequeñas y medianas empresas, del desarrollo de la capacidad empresarial del sector privado, la generación de valor agregado dentro del territorio de la Ciudad y la provisión de nuevas y eficientes tecnologías y servicios”.
Además promoverá “el desarrollo de aquellos proyectos que coadyuven a la preservación del medio ambiente y a la sustentabilidad económico, social y ambiental del área donde estos se ejecutarán”.
Por otra parte, la normativa contempla que la “selección del contratista se hará mediante el procedimiento de licitación o concurso público, nacional o internacional según la complejidad del proyecto en cuestión” y agrega que “deberán garantizarse la transparencia, publicidad, difusión, igualdad, concurrencia y competencia en los procedimientos de selección”.
A su vez la misma precisa que las obligaciones de pago asumidas podrán ser solventadas mediante “la afectación específica y/o la transferencia de recursos tributarios, bienes, fondos, créditos y/o ingresos públicos”, “la creación de fideicomisos o la utilización de los existentes” y “otorgamiento de fianzas, avales y garantías”.
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