La escalada de tensiones por el proyecto de jubilaciones –llamado, exageradamente, reforma previsional- expuso varios errores políticos del Gobierno, graves por su costo político y riesgosos en la alternativa de repetición a futuro. No fue lo único que dejó la semana. El kichnerismo y otros sectores traspasaron los límites de la categoría error, porque pusieron en discusión el lugar del Congreso y lo colocaron de hecho en un escalón subordinado a presuntos principios superiores, en base a la ficción ideológica de una arrogada y excluyente representación social. Son dos expresiones de la realidad, claro, pero no dos elementos que puedan entenderse en espejo, casi como acción y reacción.

La medida de algunos de los errores del oficialismo fue reflejada por el encuentro que el Gobierno mantuvo ayer con jefes políticos de nueve distritos, legisladores del peronismo alineados con sus referentes provinciales y diputados propios. Hubo al menos tres señales políticas, cuyos efectos estarán a prueba en la próxima sesión de Diputados, tal vez con la presencia de varios gobernadores.

Primera señal, si se quiere simbólica: la cita fue en la Cámara de Diputados. En segundo lugar, se busca subsanar con una compensación –se verán sus efectos- el punto más débil del proyecto, es decir, la pérdida que produciría el empalme entre el actual y el nuevo sistema de ajuste de los haberes, inexplicablemente fuera de agenda hasta que se llegó al borde del precipicio. Y por último, se apuntó a consensuar no sólo con los gobernadores, sino además con los diputados que les responderían, aunque lejos por ahora del alineamiento en el Senado.

Otras señales significativas fueron la velocidad con que se intentó encontrar un remedio político al golpe que recibió el Gobierno un día antes y la variedad de la representación reunida a la carrera en Buenos Aires. Además de la primera línea de diputados de Cambiemos, encabezados por Mario Negri y Nicolás Massot, y de los jefes de distrito oficialistas (María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Alfredo Cornejo y Gerardo Morales), asistieron cuatro gobernadores peronistas (Juan Manuel Urtubey, Rosana Bertone, Gustavo Bordet y Domingo Peppo) y uno de un partido provincial (Omar Gutiérrez, del MPN), diputados de tres provincias en manos del PJ y de mayor o menor dureza frente al macrismo (Tucumán, La Pampa y Catamarca) y el titular de su interbloque, Pablo Kosiner.

El primer punto implícito en esta movida fue la necesidad de admitir la falta de sensibilidad para interpretar el cambio de clima producido entre los primeros pasos del entendimiento original con los gobernadores –incluida la votación en el Senado, que mejoró el sistema de cálculo de jubilaciones y de varias asignaciones- y el frustrado tratamiento del jueves en Diputados. La ventana abierta entre uno y otro mecanismo de actualización, con la consiguiente pérdida porcentual, había sido una cuestión planteada incluso por diputados propios, sin éxito.

Esa modificación del clima, advertida por el olfato de muchos, no necesitaba del registro de las encuestas. Los sondeos, se sabe, suelen decir muchas cosas a la vez, si están bien hechos. Es cierto que algunos relevamientos registran una sostenida buena evaluación del Gobierno, del mismo modo que, de manera previsible, otros o los mismos trabajos exhibían cuestionamientos al proyecto por sus puntos flacos.

Hay un par de cuestiones de fondo que asomaban en ese contexto y que el impacto producido por el revés del jueves parece exponer a la luz. Macri y su gobierno salieron sin dudas fortalecidos de las últimas elecciones, pero, se dijo, sin poder para imponer sus proyectos a simple voluntad. La necesidad de buscar acuerdos volvió a alimentarse de una pura lectura realista o de convicciones más afirmadas, aunque tal vez con una visión limitada de su proyección.

El sólo hecho de dejar trascender la intención de resolver la cuestión por la vía de un Decreto de Necesidad y Urgencia –un disparate, dejado de lado o al menos congelado- expresa confusión sobre cómo entender el poder del Presidente: su fortaleza no dependería de "un gesto de autoridad" reflejado en un decretosino, por el contrario, en la capacidad para revertir el golpe en Diputados, reafirmando acuerdos y dando al mismo tiempo las batallas políticas con la oposición más cerrada. Algo de eso generó el respaldo en las urnas, hace menos de dos meses.

Pero la concepción de acuerdo pareció limitada por concepción, frente al registro histórico no muy lejano, y por cálculo, en relación al proceso de recomposición peronista. Apenas pasadas las elecciones de octubre, el Presidente convocó a los gobernadores para acordar una serie de reformas. No fue fácil y requirió un fuerte y a la vez flexible ejercicio por parte del ministro Rogelio Frigerio y de funcionarios de Hacienda. No se le prestó la misma atención, en cambio, a la lógica y tradición de los legisladores.

En el caso del Senado -poco después de suscribir los entendimientos-, las conversaciones con Miguel Angel Pichetto, convertido en operador central de los jefes provinciales, permitieron un trámite rápido, que de todos modos requirió mejorar el rubro de actualización de jubilaciones. Pasaron muchos días hasta el turno de Diputados. En el medio, el debate sobre el proyecto desbordó el territorio político y la polémica se extendió mediáticamente, con eje central en el cuestionado empalme.

No se midió correctamente que el recién creado bloque de diputados que responde en líneas generales a los gobernadores del PJ requería una mejor atención directa: eso no dependía de privilegiar un ámbito de negociaciones, el de los jefes provinciales. También allí había impactado la modificación del clima general, además de quedar expuestas algunas mezquindades personales a la hora de afrontar el debate. No alcanzaba con las promesas de quórum, que existió: además era necesario generar una mayor masa crítica de apoyo, dispuesta a garantizar los compromisos.

Hasta allí, la política y su juego natural. Fuera de esos límites se movió el kirchnerismo, que arrastró con presiones y discurso duro de reivindicación de derechos de los jubilados a otros sectores, en especial al massismo, aún en trance de definir su perfil poselectoral. No hace falta y hasta sonaría a chicana recordar lo hecho por las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner en este terreno, desde haberes de bajo nivel hasta la apuesta a trabar eternamente los juicios de jubilados, pero no fue la autoridad moral de nadie lo que estuvo en discusión.

Varios legisladores kirchneristas dejaron trascender algunos componentes más graves y rudimentariamente ideológicos en las declaraciones celebratorias de la caída de la sesión en Diputados. Dijeron dos cosas, en síntesis: que el proyecto deslegitimaba al Congreso y que la sociedad, la gente o el pueblo habían frenado el proyecto.

No es una "picardía" lo que hicieron ni poco atendible lo que expresaron como acción, sugestivamente cuando casi en paralelo ocurría algo similar en la legislatura bonaerense. Valen dos puntualizaciones. Ningún sector político o social puede atribuirse por justo que sea su reclamo la representación del conjunto social: representan una parte, no el todo. El Congreso no pierde legitimidad por un proyecto, salvo que en un proceso de degradación democrática se articulen planes que niegan la democracia o abren el camino a experiencias autoritarias, aún con consenso social.

La idea de cierta superioridad ética no es novedad y suena además patética frente a las oscuridades de gestión conocidas. Pero no es ese el único punto. La posición de extrema dureza del kirchnerismo constituye además un desafío para el peronismo en general, frente a un proceso de recomposición con eje en los gobernadores y con otros sectores, como el massismo y algunos aliados, en la perspectiva del 2019. Es una historia que no empezó esta semana, pero que sin dudas dibuja otro horizonte después de las últimas elecciones.

En medio de todo esto, los jubilados. El debate y más aún las peleas tribuneras de estos días ocultan de algún modo que lo que está en discusión es un arreglo de coyuntura, no la cuestión de fondo.

El actual mecanismo de ajuste, semestral, se mueve básicamente en función de la recaudación y de la evolución de los salarios. En la era kirchnerista, dos veces estuvo por debajo de la inflación. Dicho de manera lineal, si la actividad económica crece, el índice tiende a estar por encima del promedio inflacionario. Pero si eso no ocurre, las jubilaciones se deterioran. No es un seguro. Tampoco lo es el sistema de cálculo trimestral propuesto ahora. La idea más o menos aceptada es que acompañaría o superaría un poco la inflación, porque está basado en una fórmula que combina el registro de aumento de los precios y el promedio de mejoras salariales.

Lo dicho: son salidas coyunturales. No se trata de planes estratégicos. ¿Habrá voluntad de trabajar en el tema? Es sabido que, por ley, dentro de dos años debería estar elaborada una propuesta integral de reforma del sistema previsional. Es el capítulo de fondo, pendiente, y cuya primera línea aún espera ser escrita.