Un grupo de gobernadores peronistas inició el 2018 borrando con el codo lo que firmaron a fin del año pasado. Es que, según el Pacto Fiscal que acordaron con el Ejecutivo, debían reducir la presión impositiva en las provincias para acompañar el ajuste y las reformas tributaria y previsional impulsadas por la Casa Rosada. Sin embargo, en Salta, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Tucumán y Misiones las Legislaturas aprobaron incrementos en las alícuotas de ese gravamen para determinados sectores, ya que estaban por debajo del tope establecido en el consenso.

Por el contrario, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos y Tierra del Fuego avanzaron en reducir las tasas, en sintonía con los pedidos del presidente Mauricio Macri.

El Pacto Fiscal estableció la eliminación de ingresos brutos para exportaciones y puso límites diferenciados por actividad que se irán reduciendo a partir de 2019, y, en algunos casos, eliminarse en 2020, 2021 ó 2022.

El problema es que en varios distritos la alícuota estaba por debajo de lo acordado, por lo que los gobernadores aprovecharon para incrementar la carga tributaria y recién entonces sí, ir acotándola paulatinamente desde 2019, de acuerdo a los parámetros negociados con el Ejecutivo, o directamente dejarla ahí, si el sector no se beneficiará con rebajas a lo largo del tiempo.

El último en hacerlo fue el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, que subió a 5% la alícuota para comercio y servicios, para contrarrestar las bajas aplicadas en construcción, industria y transporte.

De esta manera, Weretilneck se sumó al grupo conformado por el pampeano Carlos Verna, el neuquino Omar Gutiérrez, el salteño Juan Manuel Urtubey, el tucumano Juan Manzur y el misionero Hugo Passalacqua, que aplicaron medidas similares en sus provincias: desgravar a la industria y aumentar el peso de los impuestos sobre el comercio. En el mismo sentido se movería el santafesino Miguel Lifschitz, que podría tener aprobado el proyecto en las extraordinarias de febrero, el cual incluye una suba de ingresos brutos del 0,5% al 2% para "grandes industrias".

De todas formas, donde sí cumplieron los mandatarios es en eliminar la figura de extraña jurisdicción que le cobraba una alícuota superior de ese tributo a las empresas radicadas en otros distritos.

"Es un contrasentido. La Nación va a tener que supervisar estos cambios", apuntó en diálogo con BAE Negocios el economista del Cippec, Walter Agosto.

Por su parte, desde la Casa Rosada minimizaron la jugada: "lo están haciendo casi todas. Es una suba, pero no altísima y se respeta lo acordado. Lo importante es que están bajándolo en donde tenía un mayor efecto distorsivo", justificó una fuente oficial.

Lo cierto es que en Salta la alícuota para el comercio pasó de 3,5% a 5% y en la construcción de 1,5% a 3%. En Tucumán, del 3,5% al 5% en todos los rubros salvo la industria que pasa del 1,8% al 2% y el transporte que baja del 2,5% al 1,5%.

La Pampa lo elevó del 2,5% al 3% en construcción y transporte de pasajeros, en tanto en Neuquén la alícuota general pasó de 3% al 4%: se elevó de 3% al 5% en el comercio y otros seis rubros, y bajará en otros tres.

En Misiones, la carga sobre el comercio pasó del 3,5% al 4,5%.

En ese sentido, la UIA ya había advertido por posibles incrementos en la carga tributaria de cara al pacto fiscal, que finalmente se terminó concretando. El titular de la COPAL Daniel Funes de Rioja sumó otro elemento: el aumento de los contribuciones patronales al 19,5% para las provincias que tenían una alícuota menor, lo que "encarecerá la mano de obra", denunció.