No hay meta oficial que se cumpla ni record aciago que no sea batido semana a semana. La gimnasia incluye días en que el dólar detiene su avance o el riesgo país baja unos puntitos. Algunos palurdos avisan que el Gobierno recobró el timón, la tormenta amaina, el solcito alumbra… Macanean porque las treguas duran un ratito, luego recrudece la malaria.

Los economistas (con)sagrados se engolosinan con la divisa y el riesgo país. Destinan menos afanes a otear cómo van la economía real, la vida cotidiana. La distribución del ingreso desapareció del vocabulario VIP. 

La oleada de despidos en el Estado toma la dimensión de un maremoto. A no agrandarse los funcionarios con tarjeta roja: el número de cesantías es mayor en el sector privado. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) discierne: en los primeros siete meses de 2018 asciende a 32.794 despidos, correspondiendo 12.532 a empleo público y 20.262 a empleo privado. 

La industria lleva la delantera, se trata de los empleos que más inciden en el crecimiento: por cada trabajo directo hay dos indirectos.

Mauricio Macri es un presidente de derecha, vale. Pero aún dentro de ese paradigma hay alternativas más o menos dolorosas. En este punto de la caída,ante cada disyuntiva los funcionarios se inclinan por la opción más gravosa para los trabajadores o el crecimiento. Los cracks del equipo económico viven a la defensiva, mezcla rara de bomberos que llegan tarde al incendio y de contadores obtusos que podan mirando apenas los costos y no la funcionalidad de cada gasto.

Neoconservadores, aniquiladores del aparato productivo… a veces ininteligibles aún a la luz de sus crueles premisas. Por ejemplo, es imposible comprender por qué se frenó la baja de las retenciones a derivados elaborados de la soja y se mantuvo la de la materia prima sin elaborar. Cualquier manual propone premiar a quien agrega valor. ¿Así funcionan el supermercado del mundo, el desarrollismo del siglo XXI? No hay quién se tome la molestia de explicar este contrasentido o cualquier otro. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, es incapaz de expresar algo coherente o verosímil, tartajeante el discurso de Chirolita. Christine Lagarde, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), debería retomar las lecciones de ventriloquía.

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El ejemplo menemista: La supresión abrupta del Fondo Federal Solidario (FFS) (alias “Fondo sojero”) transfiere una pequeña fortuna a la Nación en detrimento de las provincias y los municipios. La Casa Rosada insinuó abolirlo en el presupuesto 2019, hachazo supeditado a negociaciones con los gobernadores. El apodado Pacto Fiscal II moderaría el impacto. Macri implementó la derogación mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), unilateral al mango. El hachazo rige desde la firma del úkase, esto es ya mismo.

La entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner instituyó el FFS en 2009 cuando seguían abiertas las heridas por el conflicto de las retenciones móviles. El 30 por ciento de la recaudación nacional de las retenciones se coparticipaba con las provincias. Estas, a su vez, se quedaban con el 70 por ciento y derivaban a los municipios el otro 30 por ciento. El tributo se colecta y distribuye todos los días, contra cada exportación. Funcionaba como taxi, recauda todos los días.

Los recursos debían aplicarse a obra pública. Sin duda, parte del objetivo coyuntural del kirchnerismo era aminorar el enfrentamiento entre la Casa Rosada y las provincias. Dicho designio táctico perdió gravitación andando el tiempo, pasó a ser recuerdo. El FFS se mantuvo con vida, conservando varias virtudes.

La doble coparticipación y el flujo continuo, como ya se indicó. Una medida tan anticíclica, durante la crisis mundial de 2009 tanto como hoy en día. Reactivante y creadora de puestos de trabajo. La renta diferencial de la soja se compartía, parcialmente, entre todas las provincias, productoras o no.

La supresión resta a las provincias 8.500 millones de pesos de ahora hasta fin de año y 25.500 millones en 2019. La friolera de 35.000 millones que cambian de mano. 

La detracción para las municipalidades ronda los 10.000 millones de pesos.

El recorte inmediato viola una ley vigente, el presupuesto 2018. Al suspenderse abruptamente las remesas, se paralizarán obras en ejecución con la inevitable secuela de despidos. En yunta vendrán mermas en la venta de materiales de construcción, de combustible, parálisis en las economías locales. El círculo vicioso probará –por la negativa– el efecto dinamizador de la industria de la construcción.

Se desviste a los territorios para engordar la perforada caja nacional. El cambio no es solo jurisdiccional, también de destino. Se desincentivan actividades productivas para mejorar la capacidad de pago al FMI. Dos debilidades se acumulan: un revival de movidas claves del menemismo.

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Nos veremos en la Corte: El enfrentamiento entre el Gobierno nacional manos de tijera y las provincias es novedoso. Tiene pinta de ser el mayor durante el mandato de Macri. 

Todos los distritos fueron perjudicados, por cifras siderales. Las duras consecuencias castigarán a los ciudadanos. En plena estanflación se discontinúan obras que aparejaban alivio.

La combatividad de los gobernadores no es unánime ni idéntica. Los condiciona la variada solvencia de sus distritos, el dispar grado de endeudamiento. No todo es plata en la vida: también inciden los espolones de cada mandatario, su voluntad de pujar.

Trece ministros de Economía provinciales se reunieron, despotricaron de lo lindo. Pero no prosperó la moción de los más decididos: instruir a los Fiscales de Estado a promover una demanda conjunta contra la Nación, Están al caer pero por separado. Tucumán primerea, va preparando un recurso de amparo. En litigios entre el Estado nacional y una provincia, la Corte Suprema tiene competencia “originaria”. También entenderá en el amparo que mandó preparar el intendente de Resistencia, Jorge Capitanich. Posiblemente la Corte tenga que armar un buen estante porque varios intendentes bonaerenses dialogan para demandar en conjunto. Tal vez puedan interesar a la Federación Argentina de Municipios.

El nivel de judicialización trasunta la entidad del conflicto. Las secuelas del ajustazo avanzarán más rápido que el papelerío: “la gente” lo percibirá de inmediato, en toda la geografía nacional.

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CEOs, sucios y malos: Hay testarudos que reinciden en referirse al “gradualismo” macrista, pese a que el oficialismo activó los disparadores de la crisis en los dos meses subsiguientes a la asunción presidencial. En especial con el suicida esquema financiero, incentivando la especulación y el devaneo de los capitales golondrina.

El presidente del Banco Central, Luis Caputo, describió como “activos tóxicos” a las LEBAC. Un giro en el relato M, digno de mención. Lástima que el hombre ignora u omite que la contaminación no fue un invento de Satanás sino una de las piezas claves de la gestión de su precursor, Federico Sturzenegger.

El oficialismo se empeña en tropezar con la misma piedra, mientras apela a su depósito de imágenes banales. Las tormentas de Macri empiezan a saturar. Dante Sica, ministro de la Producción (cartera testimonial al mango), “compra” la imagen del estrés. Asegura con rostro serio que hay estrés en la cadena de pagos que, para ser francos, está rota. ¿Hablará Sica del estrés mundial de 1930? ¿O del estresazo argentino en 2001? ¿Hiroshima padeció un estrés atómico? En fin.

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El fin de la ilusión: El cronista asistió por motivos personales a una jura de graduados en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Las autoridades que hablaron puntualizaron las dificultades que impiden el cabal comienzo del segundo cuatrimestre. Incumplimientos del Gobierno nacional, subejecución, paritarias sin acuerdo a mediados de agosto… La Secretaria Académica Sofía Thisted recordó a los docentes fallecidos en Moreno como consecuencia de la desidia gubernamental. Apuntó diferencias de padecimientos dentro de la propia comunidad educativa. La citamos de memoria. La UBA tiene problemas, remarcó. Son menores a los que se abaten sobre las Universidades del Conurbano Bonaerense. A su vez, los de estas son inferiores a los de las escuelas primarias o secundarias del mismo Conurbano. 

El ajuste ahonda las desigualdades existentes. Las diferencias de ingresos aumentan, las grandes corporaciones financieras o mediáticas prosperan, mientras las PyMes se van al pozo.

Si estilizamos lo sucedido con el FFS, la transferencia de ingreso pasó de las empresas y sus trabajadores al FMI, previa escala en Hacienda. Las provincias se debilitan, otro tanto las intendencias.

Los cambios estructurales (a)cometidos por el macrismo tornan imposible un repunte virtuoso antes de que termine el mandato presidencial. La mayoría de los argentinos estará peor que en 2015. Ya quedó desvirtuada la hipótesis voluntarista de un gobierno neocon que mejorara la economía real.

Sería una catástrofe que este gobierno reeligiera en 2019. Las chances se achican día tras día pero también dependen de la capacidad opositora para proponer una alternativa pluralista, convocante y masiva.