Empleados que asumen y renuncian, o que asumen y luego son despedidos o trasladados en una planta laboral en permanente metamorfosis, sumida en montañas de papeles cultivadas con meses de inoperancia burocrática.

A esta situación se le suman, uno detrás del otro, recurrentes casos de corrupción.

El día 7 de febrero la ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortíz, envió una circular resolviendo la autorización a la dirección de Contabilidad a efectuar la apertura de una caja chica para cada dependencia dentro del ministerio. Según consta en el documento al que tuvo acceso exclusivo REALPOLITIK y que se adjunta al pie de este artículo, existen actualmente 71 dependencias que son beneficiadas con dichas cajas.

El objeto de las mismas, según asegura la misma ministra, es “atender los gastos de menor cuantía que deban efectuarse para satisfacer los requerimientos mínimos de operatividad”. La enorme mayoría, recibe la suma de 10 mil pesos mensuales bajo tal concepto, mientras que en algunos casos el monto asciende a 20 mil.

Entre los beneficiados se encuentra, nada más ni nada menos, que la polémica Patricia Segovia, responsable del área de Determinantes Sociales de la Salud y la Enfermedad Física, Mental y de las Adicciones. Es la misma funcionaria que, en un ministerio que acumula números en rojo, mandó a acondicionar cuatro oficinas para su función: una en el hospital El Dique, de Ensenada; una segunda en el José María Jorge, de Burzaco; otra en el propio ministerio y una correspondiente a la antigua subsecretaría. Segovia no utilizó ninguna de sus cuatro oficinas. También es la misma funcionaria (ex senadora) que en su sede central, ubicada en la intersección de las calles 3 y 527, fue escrachada colgándose de la luz, luego de prender fuego su propio medidor.

Aprovechando la dolorosa parsimonia del pueblo bonaerense, acostumbrado a que le metan la mano en el bolsillo, la ministra habilita el pago de un total de 681.200 pesos mensuales para los “gastos chicos”, que parecieran nunca llegar. Los empleados, por ejemplo, compran las lapiceras de su bolsillo. ¿A qué bolsillos van a parar, entonces, los casi 700 mil pesos mensuales?

Mientras el pueblo se debate entre la informalidad laboral y el empleo precario, mientras millones de desprevenidos discuten sobre política en bares y cafetines, unos pocos vivos roen en silencio el dinero de todos.

La informalidad, el desorden, la ilegalidad y la impunidad, en el ministerio de Salud bonaerense es más que una costumbre, es una pandemia.