La pobreza en la Argentina alcanzó durante el primer semestre de este año al 35,4% de la población según el informe difundido por el INDEC el 30 de septiembre de este año. Estimaciones privadas indican que, luego de la devaluación de agosto de este año y el impacto sobre los precios, el índice podría superar el 37% a fin de año e incluso, para los más pesimistas alcanzar el 40% del total de la población.

La medición oficial de pobreza, sin embargo, surge de una metodología unidimensional que cruza el nivel de la Canasta Básica Total y el de ingresos de la población. Otros países, a la hora de establecer los parámetros para definir una situación de pobreza, realizan un análisis de tipo multidimensional que incluye condiciones de vida de la población tales como el acceso a la vivienda, los servicios públicos, la salud y la educación. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a cargo de Carolina Stanley, de hecho, anunció su intención de avanzar en una medición de esa naturaleza. La iniciativa no prosperó por las críticas emanadas desde la oposición política oposición y la denominada comunidad estadística que cuestionaron el carácter paralelo de la medición con relación al organismo oficial estadístico.

Es que, además, el propio INDEC publica semestralmente indicadores de condiciones de vida que, si bien no se utilizan a la hora de establecer los niveles de pobreza, sirven para pintar un cuadro de situación de los sectores más vulnerables de la población en lo que se refiere a diferentes variables como la calidad y acceso a la vivienda, condiciones sanitarias (acceso al agua corriente, cloacas, red de gas, cobertura de salud) y educación, entre otros.

El informe publicado el jueves y referido a la situación de la población en el primer semestre de este año da cuenta de una situación de vulnerabilidad que afecta a casi un tercio de la población. Es que, según el informe, el 35,4% de los habitantes no accede a la red de gas al igual que el 33,3% que no cuenta con sistema de cloacas. En el primer caso se trata de un deterioro sensible de la situación puesto que en el segundo semestre de 2016 la carencia afectaba al 34,3% de la población. Así, casi 850 mil personas, por un motivo u otro se vieron obligadas a desligarse de la red de gas natural.

Para el caso de las cloacas, por el contrario, la situación mejoró sutilmente al reducirse de un 34,7% a un 33,3% el porcentaje de la población que no accede a ese beneficio. Dentro de ese universo, se cuentan también el 7,5% de las personas que directamente no cuenta con baño con descarga en sus hogares. El acceso a la red de agua corriente alcanza a un 86,7% de la población.

En líneas generales se trata de alrededor de 10 millones de personas que habitan los 31 conglomerados urbanos que mide la Encuesta permanente de Hogares (EPH) y que, proyectados al total de la población alcanzaría los 14,5 millones de habitantes.

En lo que se refiere a la cobertura de salud la situación es similar toda vez que el 31,5% de la población sólo cuenta con la cobertura del sistema público por fuera del sistema de obras sociales o medicina prepaga. En el primer semestre de 2016 esa situación afectaba a 205 mil personas menos. El fenómeno, además, se agrava para la población menor de 17 años que depende en un 41,1% del sistema público de salud que a su vez se encuentra en franco deterioro.

Por otro lado, del informe se desprende que el 50,2% de la población no accede a todos los servicios públicos como gas, cloacas y agua corriente, el 7,6% habita cerca de un basural (eran el 8,5% hace tres años) y el 12,8% lo hace en zonas inundables (13,4% en 2016). El 4,7% de la población vive en situación de hacinamiento.

Por último, el informe refleja un deterioro en la situación vinculada con la tenencia de vivienda. La cantidad de inquilinos se elevó desde un 14,5% de la población hasta un 15,6%. Por último, el informe refleja un deterioro en la situación vinculada con la tenencia de vivienda. La cantidad de inquilinos se elevó desde un 14,5% de la población hasta un 15,6%.