El 2018 que vivió el Consejo Escolar de General Pueyrredon estuvo marcado a fuego por la crisis institucional que vivió, donde pasaron dos presidentes y tres interventores designados por la Provincia, en medio de señalamientos por presuntos manejos irregulares de contratos multimillonarios como el del Servicio Alimentario Escolar (SAE).

Sin embargo, todo ello pasó de largo en el análisis que llevó adelante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sobre el Ejercicio 2018, el cual fue aprobado sin observaciones de ningún tipo y sin que se haya emitido ni la más leve sanción.

El fallo 300/2020 de cuatro páginas firmado por su presidente Eduardo Grinberg y los vocales Ariel Pietronave, Gustavo Díez, Juan Pablo Peredo y Daniel Chillo, data del pasado 5 de noviembre aunque recién vio la luz en los últimos días de diciembre. Allí se relevó que los ingresos ascendieron a $144.103.903,10, mientras que los egresos totalizaron $134.441.438,84, la gran mayoría destinados al SAE (casi $116 millones).

En la conclusión, se estableció que “la rendición de la cuenta y de los estados contables presentados por los responsables, han dado cumplimiento a las prescripciones legales vigentes y reflejan la situación económica y financiera en forma razonable en todos sus aspectos significativos”, por lo que se la dio por aprobada.

 

Crisis

Lejos de la tranquilidad que expone el fallo, el Consejo Escolar atravesó en 2018 una marcada crisis institucional donde se destacó la avocación (intervención) de abril a septiembre. En marzo de ese año explotó la interna de Cambiemos, donde Sofía Badié (Agrupación Atlántica) reemplazó en la presidencia a Ricardo Senatore, que se alejó del cargo tras la renuncia del tesorero Gustavo Sasia, tras una auditoría interna que, según la oposición, reveló presuntas irregularidades.

Pero Badié duró poco en el cargo, ya en abril la Dirección de Cultura y Educación resolvió la intervención del Consejo Escolar. ¿El motivo? Las “graves irregularidades” tanto en la administración de los fondos recibidos como en la rendición de cuentas de los mismos, con el foco puesto en el SAE. El director provincial de Gestión Educativa, Roberto Angrisani, fue designado interventor por 180 días, mientras que Badie y los otros nueve consejeros quedaron sin funciones.

El Tribunal de Cuentas había detectado una “falta de formalidad contractual” en la ejecución presupuestaria del SAE, con la imposibilidad de regular y sancionar a proveedores. “Al no existir vinculación contractual no se puede exigir calidad, precios ni continuidad en la presentación del suministro”, se detalló, al tiempo que llamó la atención la falta de presupuestos oficiales, “observándose disparidad de valores sobre un mismo producto, incluso de un mismo oferente para distintos establecimientos”.

Con el manejo de la caja de la SAE como telón de fondo, dos meses después la intervención avanzó con la licitación del servicio, que puso a competir a los proveedores históricos del Consejo con empresas foráneas. Por lo bajo y en los pasillos del órgano, las versiones corrían como reguero de pólvora. “Los convenios con los proveedores estaban muy flojitos de papeles, eso lo sabía todo el mundo acá adentro; pero también se sabía que la intervención venía con sus empresas amigas de Buenos Aires para hacerlas entrar en el negocio”, precisó a La Tecla Mar del Plata una fuente que conoce los movimientos internos del Consejo como pocos.

Ya con Marcelo López como interventor, tras la renuncia de Angrisani, en julio estalló el  escándalo, cuando la Provincia le adjudicó a Gastronómica Agropecuaria Angkor S.R.L. y Blue Catering S.A., del Grupo L, la provisión del servicio alimentario. De las ocho regiones en que se dividió el distrito, las zonas 3, 5, 6 y 8 fueron para la primera firma, y las 4 y 7 para la segunda; mientras que la 1 y la 2 resultaron vacantes y fueron asignadas directamente a Angkor.

Afuera quedaron los proveedores históricos, que acusaron al gobierno de diseñar una licitación a medida de las dos empresas. Según las denuncias públicas, para dejarlas fuera de juego, la Provincia alegó que no estaban inscriptas en el registro de proveedores; algo que fue desmentido por ellos, que aseguraron pertenecer a la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado bonaerense. También adujo la administración provincial que las firmas no estaban inscriptas en el rubro 90, un filtro para dejar en pie a las dos empresas bendecidas, que sí lo estaban. Ese requisito no constaba en el pliego. Según el director provincial de Consejos Escolares, Marcelo di Mario, seis de las empresas hicieron igual presentación legal con el mismo abogado, con idéntico menú y con la firma del mismo nutricionista lo que evidenciaba una cartelización del servicio anteriormente prestado.

Pero la inauguración del nuevo sistema, a principios de agosto, no fue la que se esperaba desde La Plata. Al tercer día, una masiva movilización de estudiantes, docentes, directivos y padres puso al desnudo la precariedad del SAE brindado por ambas empresas. Angkor, primero fue multada y se le retiró la concesión de las zonas 1 y 2, y dos semanas más tarde se le dio de baja la totalidad del contrato por falencias en la logística, en la calidad y en la cantidad de alimentos que estaba entregando. En ese marco, el interventor López debió dar un paso al costado y Di Mario asumió la intervención.

“Hubo un poco de todo. Por un lado, errores graves cometidos por los nuevos proveedores, y por el otro, una acción de quienes quedaron fuera de la licitación, embarrando la cancha tras la pérdida del negocio”, explicó en ese entonces a este medio un funcionario del Consejo.

La intervención reculó en chancletas y asignó las seis zonas vacantes a los antiguos proveedores que habían quedado fuera de juego. Así, entonces, Irma Bartemucci, su hijo Marcelo Luzzi, Micaela Scandalli Luchetti y apellidos como Rugna, Ongarini y Sánchez volvieron, sin rencores, a manejar el millonario negocio de la educación pública.

Finalmente, el viernes 28 de septiembre fue levantada la intervención, 18 días antes de los 180 estipulados originalmente y Badié regresó a la presidencia así como reasumieron funciones la totalidad de los consejeros.

La postura asumida por el Tribunal de Cuentas difiere, por caso, con la adoptada en el análisis de la Rendición de Cuentas 2017 de la Municipalidad, donde se formularon cargos contra Arroyo por $800 mil y una multa por $40 mil, entre las sanciones que alcanzaron también a secretarios como Hernán Mourelle, debido a irregularidades en diversas contrataciones y actos administrativos. Algo similar incluso ya había ocurrido en 2017. Al momento aún no se conoció el fallo sobre la rendición de 2018.