Sigue la polémica con el Arzobispado por el Cristo Orante

Sigue la polémica con el Arzobispado por el Cristo Orante

El abogado defensor del denunciante, Carlos Lombardi, dialogó con el programa "Uno nunca sabe" y aseguró que la intención del Arzobispado fue "sacarse el problema de encima" y "encubrir a los abusadores". Desde el Arzobispado difundieron un comunicado en el que aseguran que no buscaron ni dilatar ni entorpecer la investigación.

La polémica por el accionar de la Iglesia ante las denuncias de abuso contra dos monjes del Monasterio Cristo Orante de Tupungato no cesa y continúan surgiendo acusaciones cruzadas entre el abogado defensor del denunciante, Carlos Lombardi, y el Arzobispado de Mendoza.

Lombardi dialogó con el programa "Uno nunca sabe" de MDZ Radio y brindó detalles sobre el avance de la causa en la que su defendido, Nicolás Bustos Norton (27), denunció a los monjes Diego Roqué Moreno y Oscar Portillo por abusos ocurridos durante su estadía como seminarista en el Monasterio Cristo Orante.

"Al novicio se lo aisla de la familia y se le cortan los vínculos. Existió abuso de poder y abuso sexual. La actitud del Arzobispado fue encubrir todo. Todo el procedimiento canónico está elaborado para proteger a los sacerdotes abusadores", señaló Lombardi.

Y agregó: "(Marcelo) Colombo (arzobispo de Mendoza) manda una nota pidiendo que le saquen el problema de encima, porque en Mendoza se han judicializado estos temas. Lo que pide es que se trate en otra jurisdicción porque en Mendoza el clima es muy adverso contra la Iglesia a raíz del caso Próvolo".

"En la causa del Cristo Orante el único denunciante es este chico, pero existen otras personas que estamos tratando de encontrar. Nos consta que hubo muchas prácticas manipuladoras y abuso de consciencia", añadió Lombardi.

Y cerró: "Esto no es un pecado, es un delito. Será un pecado para la moral religiosa, pero es un delito para la Justicia. Si usted tiene una relación de poder con una persona menor, es usted es el que tiene que poner los límites. Es una falacia brutal ese argumento. Buscamos una sentencia justa, ni más ni menos".

El Arzobispado de Mendoza, por su parte, emitió un comunicado defendiéndose de las acusaciones y asegurando que han colaborado con la Justicia y que el objetivo de solicitar la prórroga de jurisdicción no fue dilatar, ni postergar la actuación canónica.

"Canónicamente, pedir la prórroga de jurisdicción es solicitar la intervención de otro tribunal, de manera que se ponga al abrigo de una mirada escéptica la labor de un tribunal local, evitando con ello que se cuestione la objetividad e imparcialidad del mismo. A tal fin, con la investigación canónica realizada, a pocos días de asumir su función, el nuevo arzobispo decretó el inicio del juicio penal y pidió la intervención de un tribunal eclesiástico de otra jurisdicción", señala el comunicado.

Y agrega: "Se ha dicho que la solicitud del arzobispado tenía por fin “ocultar o sacar de foco” los presuntos abusos cometidos. Nada más erróneo. El decreto pide justamente la actuación del sistema público de justicia en la Iglesia, quedando además la sede local mendocina a disposición del solicitado tribunal, y garantizándose al denunciante y al acusado la publicidad del procedimiento y sus posibilidades de conocimiento y actuación".

"Evitar la judicialización de las causas canónicas no es sustraerse de la necesaria e imprescindible intervención de la justicia penal del Estado sino preservar la autonomía de la actuación de la justicia penal canónica en el cumplimiento de su misión. En resonantes causas canónicas, como es de público conocimiento, esto último ha sido impedido por la persistente intervención obstruccionista de algún abogado que desconoce el derecho canónico y sólo pretende maliciosamente su lisa y llana derogación. Por lo tanto, la judicialización a evitar no se refiere a la de los hechos objeto de la investigación, sino a la de las actuaciones del proceso canónico. Los hechos, objeto de la denuncia, bien pueden ser judicializados en la sede penal estatal, y la Iglesia nada tiene que objetar a ello. Más aún, siempre alienta, acompaña y deja en la más absoluta libertad a los denunciantes para que lo hagan, si así lo desean. Lo lamentable y peligroso, es cuando, avasallando el Concordato del Estado y la Iglesia (1966) y el derecho humano a la libertad religiosa, se pretende vulnerar las normas y procedimientos canónicos", concluye el comunicado.

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