El libre mercado. La desafiante invitación del ministro de Energía, Javier Iguacel, a que las petroleras suban lo que quieran y cuando quieran el precio de sus combustibles. El curso de la devaluación y el precio del petróleo que a la fecha, tal como protestan las empresas, arrastran un atraso en los valores del surtidor del 35%. Todo esto es caldo de cultivo más que suficiente para que ocurra lo que anticipamos semanas atrás: aumentos cada semana. Si a eso agregamos que la compañía de bandera, YPF, tiene pasivos por $380.474 millones, frente a un patrimonio de $171.785 millones (es decir que, ni aún poniéndose en venta la empresa lograría cubrir su deuda) y que podría sumar un fallo en contra por US$3.000 millones, el cóctel puede resultar más explosivo.

Así lo pretende el Gobierno. Al dar marcha atrás con el ineficaz acuerdo para congelar los aumentos, la siguiente medida fue un arrebato casi esquizofrénico: que los precios de las naftas y el gasoil son libres. Tras esa decisión las empresas pueden poner el valor que quieran. Pero atadas a lo que fije la firma que controla el mercado: YPF.

Es de prever que para paliar las pérdidas de su mala gestión, la petrolera estatal cargue esos costos sobre los hombros de los consumidores con más aumentos, a los que luego se plegarán el resto de las compañías. Como se sabe, en un país carente de logística y dependiente del flete por rutas, lo que ocurre con los combustibles decanta en el resto de los precios. La metáfora está gastada, pero resulta, como nunca, ilustrativa: desde el transporte, a lo que compramos en las góndolas, la nafta avivará el fuego de la inflación.