Por Vanesa Petrillo

El juez Marcelo Martínez de Giorgi rechazó detener a tres referentes de Revolución Federal y también se negó a realizar un allanamiento en el domicilio de la vecina de Cristina Kirchner. En cambio, dispuso investigar el contenido de las redes de Ximena de Tezanos Pinto.

Martínez de Giorgi requirió a Twitter y a Instagram que informe las cuentas vinculadas a la vecina de la Vicepresidenta. Las empresas deberán indicar el número telefónico asociado y que remitan a la justicia “las publicaciones y mensajes directos” enviados y recibidos desde dichas cuentas “desde el mes de abril hasta la actualidad”.

El magistrado rechazó realizar el allanamiento del domicilio de Ximena de Tezanos Pinto, solicitado por los abogados que representan a la exmandataria a efectos de secuestrar su teléfono celular. Sin embargo se inclinó por “requerir los informes pertinentes a través de las redes sociales en las cuales la nombrada interactuaba para que se remita el abonado de telefonía celular al cual se encontraba asociado”.

Cumplido ello, el juez requirió “se informe la totalidad de la actividad de Tezanos Pinto entre la primera publicación de Revolución Federal y la actualidad”, según consta en la resolución.

El miércoles la vicepresidenta, en un escrito firmado por sus abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, pidió las detenciones de Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, tres referentes de Revolución Federal que habían estado detenidos pero fueron excarcelados.

Para la querella, los tres deberían ser investigados en la causa del atentado contra Cristina Kirchner. Los letrados insisten en que ambas causas deben tramitar juntas.

En cuanto al pedido de detención, el juez recordó que la libertad de los tres ya ha sido decidida por la Cámara Federal, “sin que se advierta, en lo que hace al objeto procesal de esta causa 3103/2022, la modificación posterior de su comportamiento procesal en un sentido que altere los fundamentos del Superior”.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que el pedido de detención se formule en la causa en la que se investiga el intento de homicidio contra la Vicepresidenta.

Con respecto a la convocatoria de Rossana Caputo a prestar declaración indagatoria, el juez estima que deberá esperar a los resultados “de las medidas que están en pleno desarrollo sobre el origen y destino de los pagos recibidos por Jonathan Morel”, líder de la agrupación.

En la causa se investiga si Rossana Caputo contactó a Morel para que fuera proveedor de muebles para un edificio que construyó la empresa Caputo Hermanos en Neuquén.

La mujer contrató a Morel para equipar el SUM del barrio Santa Clara Al Sur, en la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires. En ese lugar se habrían colocado mesadas de madera y mesas ratonas.

Rossana Caputo “identificó hacia fines del año pasado en la zona del tren de Boulogne un carpintero (Morel) para realizar una barra maciza y otras tareas para el salón de usos múltiples del barrio 'Santa Clara Al Sur', dentro del presupuesto que se había decidido para ello”, explicaron en su momento desde Caputo S.A . "La empresa y Rosana no habían tenido trato con él previamente, ni conocían sus posibles actividades ajenas a la carpintería", aclararon en un escrito a la justicia.