En el Gobierno sostienen que el impuesto solidario lo pagan los franceses y los alemanes desde hace tiempo, y por la crisis que generó la pandemia del coronavirus, también lo pagan en Suiza y Rusia. Es decir, la Argentina no parece innovadora en este caso.

De todos modos, el enojo de los empresarios no pasa por si son más los que pagan. El malestar está asociado directamente a tener que contribuir con otro impuesto que además de costarles dinero, aseguran que tiene consecuencias negativas en la economía del país.

Ayer, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la entidad que agrupa a los dueños de las principales empresas del país, y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) rechazaron el proyecto sobre el Aporte Solidario sobre las grandes fortunas, tal el verdadero nombre del impuesto a la riqueza. En el comunicado de AEA se lee claramente que el desacuerdo con el impuesto "es total". Es decir, si la razón era tensa luego de Vicentin, ahora lo es más.

 "El proyecto genera un desaliento en la comunidad empresarial profunda por cuanto representa una medida que descapitaliza a las empresas y restringe fuertemente su capacidad para producir, invertir y sostener empleos formales", dijo AEA. "El proyecto afecta la propiedad privada al determinar la superposición del nuevo gravamen sobre otros ya existentes como el de Bienes Personales. Incrementa así, muy significativamente la ya elevada carga tributaria que soporta el sector formal de la economía a tal punto que puede llegar a ser confiscatorio", afirmó otro párrafo del comunicado.

Un día antes, la Unión Industrial Argentina (UIA), también había expresado su malestar, cuando el presidente de la entidad, Miguel Acevedo, en una entrevista con este diario, dijo que en el proyecto que ya cuenta con media sanción en Diputados, "era más político que económico", al tiempo que reconoció que "hay un desgaste con el Gobierno".

También rechazaron el proyecto el Foro de Convergencia Empresarial y la Sociedad Rural, entre otras entidades. En definitiva, todo el arco empresario hizo causa común contra el proyecto.

Tal vez lo que el Gobierno va a tener que evaluar es cuál es el costo de enfrentarse a los hombres de negocios. ¿Pasará lo que dice AEA? ¿El rédito político es más beneficioso que el enojo empresario? ¿Servirá lo recaudado para impulsar a los sectores postergados de la economía? Las respuestas seguro no tardarán en llegar. Mientras tanto, el 40% de los argentinos sigue bajo la línea de pobreza.