Alberto Fernández comenzó las gestiones para conformar un "consejo consultivo" que revise el funcionamiento de las instituciones del Poder Judicial. El Presidente pretende tercerizar en ese concilio de juristas y académicos la revisión del funcionamiento de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, asuntos muy sensibles para los socios de la coalición de gobierno y para la propia familia judicial.

Según pudo confirmar LA NACION de fuentes oficiales y académicas, el Presidente ya se puso en contacto con la Universidad de Buenos Aires (UBA) para dialogar sobre los alcances del proyecto. Incluso semanas atrás tuvo un almuerzo con el decano de la Facultad de Derecho, Alberto Bueres, quien asumió su cargo en agosto de 2018, mantuvo una relación cordial con el macrismo y conoce bien a Fernández. De hecho, es la casa donde Fernández enseña Derecho Penal desde hace más de treinta años. "Lo que quiere Alberto es que sea gente prestigiosa y con solidez académica, sin hacer distinciones políticas, ese es el perfil que busca", aseguraron en el entorno de Fernández.

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Alberto Fernández termina de pulir la reforma judicial con su entorno

El plan de Fernández en materia judicial tendría así dos aristas. Por un lado, un proyecto de ley focalizado en centrifugar el poder de los jueces de Comodoro Py, que son los que investigan los casos de corrupción, entre otros delitos federales. Por el otro, una delegación en expertos ad hoc para analizar, entre otras cuestiones, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura (el organismo que elige y remueve a los magistrados) y la cantidad de miembros de la Corte Suprema, que hoy está en cinco. El Presidente habilitará esa consulta a pesar de su opinión personal. Él ya dijo que no cree necesario ampliar la Corte. No es un dato menor, ya que Fernández participó del gobierno de Néstor Kirchner, que impulsó la renovación la Corte de la época menemista.

La idea de modificar el máximo tribunal se escuchó, en cambio, de voces satelitales del kirchnerismo. El exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni dijo meses atrás que "el control de constitucionalidad" en manos de una mayoría de tres jueces "es sumamente peligroso" y sugirió dividir al tribunal en salas por materia jurídica. Uno de los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, pidió hace algunos días una Corte Suprema más "federal".

La vicepresidenta no se pronunció públicamente sobre el tema. El máximo tribunal tiene la última palabra ante eventuales recursos en las causas de corrupción en su contra. Ocurre con la causa de Vialidad, donde tiene pendiente resolver planteos de la defensa de Cristina Kirchner, entre otros acusados.

Dos agendas

Fernández se mueve con mucho celo en su agenda judicial. El Presidente le manifiesta a su entorno que quiere dar impulso a las iniciativas que viene anunciando desde que asumió. Son su tema. En la Casa Rosada le avisaron a Sergio Massa que remitirían el proyecto de reforma judicial en los próximos días.

En el Gobierno reconocen que muy pocas personas vieron la última versión de la reforma judicial, un proyecto que, por lo sensible, está blindado en la Casa Rosada. El texto todavía debe pasar la prueba dentro de su propia coalición.

Con el Congreso activo otra vez, el Gobierno acelera la reforma judicial

Figuras de peso en los bloques del Frente de Todos dicen que aún no vieron el texto. "La reforma judicial no es una cosa menor. Cuando el Presidente mande el proyecto lo vamos a tratar y si tenemos alguna observación la vamos a hacer, como en cualquier otro proyecto. Estamos esperándolo", dijo el senador Oscar Parrilli a LA NACION. El neuquino, un incondicional de la vicepresidenta, es el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en la Cámara alta, un válvula clave en la relación entre el Gobierno y el Poder Judicial.

En la Comisión de Justicia de Diputados tampoco conocen la versión final. Son los que deberán darle el primer empujón al proyecto, si ingresa por la Cámara baja.

Mientras espera la iniciativa presidencial, el kirchnerismo acelera su propia agenda con los tribunales. Es una hoja de ruta mucho más urgente, porque está vinculada a una contraofensiva por causas de corrupción en trámite. "A Cristina la están persiguiendo hoy. En cambio, una reforma judicial requiere tiempo y consenso", dijo otro estrecho colaborador del Instituto Patria.

Aunque aseguran que no cronometraron los tiempos, distintas figuras del kirchnerismo activaron su ofensiva en los tribunales en cuarentena. Diputados y senadores kirchneristas radicaron una denuncia penal contra la llamada "mesa judicial" de Mauricio Macri tras las declaraciones de la jueza de Casación Ana Figueroa, que dijo haber sufrido presiones del anterior gobierno.

Los abogados defensores de Cristina Kirchner Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, sobre la base también de los dichos de Figueroa, ampliaron su denuncia por lawfare ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Parrilli hizo un pedido de juicio político contra el fiscal Carlos Stornelli, por considerar que integró un "sistema de persecución judicial". Y Carlos Zannini pidió la nulidad de la elevación a juicio de la causa del memorándum con Irán. Fernández no quiere, a diferencia del kirchnerismo, librar una guerra en los tribunales contra el macrismo. Por eso salta por encima con su proyecto de reforma judicial, que por ahora es solo una declaración de principios.

El corazón del proyecto de ley del Presidente propone la creación de un nuevo fuero federal penal para diluir el poder de los jueces de Comodoro Py. Contemplará un reordenamiento con sede en la Capital Federal, con fusiones y redistribución de competencias.

En el proceso de elaboración del proyecto circularon distintas alternativas. Una línea, planteada por el Ministerio de Justicia, apuntó a fusionar Comodoro Py con el fuero federal vecino, el Penal Económico. El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, padrino del proyecto, propuso federalizar juzgados nacionales "ordinarios" con sede en el Palacio de Tribunales. De esta manera busca terminar con la convivencia de tres justicias en la ciudad (la federal, la nacional y la porteña). Un "error original", según Beliz, que quiere esta reforma desde 2003. Tal como reveló LA NACION, hoy la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la ciudad tiene más del 30% de sus cargos vacantes.

Lo único que confirman en el Gobierno es que el proyecto contemplará el traspaso de competencias a la Justicia porteña. Quiénes serán los nuevos jueces federales y cuántas vacantes quedarán por llenar con ese reordenamiento es lo que genera mayor ansiedad en el oficialismo.