En un extenso informe de 69 páginas, al que tuvo acceso La Opinión Austral, el Comité Administrador del Proyecto UniRSE, el fideicomiso que se integró con aportes de las empresas mineras, rindió cuentas, respondiendo el requerimiento del Tribunal de Cuentas, de los fondos ingresados por las empresas y el destino que se les dio a los mismos.

Se recuerda que este programa fue implementado “a los fines de hacer frente a la problemática actual de la provincia en los ámbitos especialmente referidos a la educación, salud, trabajo y a la población socialmente vulnerable. En este marco se propició la implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo integral y crecimiento equitativo en orden a favorecer el acceso de los sectores más vulnerables a los servicios básicos de salud y educación, así como la promoción para el desarrollo integral de las capacidades humanas y sociales para el trabajo y la implementación de acciones efectivas a favor de mejorar la calidad de vida de las familias y comunidades de la provincia”.

Creado con la intención de que aportaran a este Fideicomiso todas las mineras en actividad en la provincia, sólo tres (hasta el momento) accedieron a integrarlo: Minera Santa Cruz, Oro y Plata SA y Cerro Vanguardia.

En su presentación de la rendición el Comité destaca que “es importante reconocer que las situaciones de vulnerabilidad e inequidad social requieren intervenciones sostenidas tendientes al desarrollo y mejora paulatina de aspectos subjetivos, de las relaciones familiares, de capacidades personales, sociales y del entorno, siendo singulares y diversas las posibilidades, las estrategias y los tiempos necesarios. Las marcas del padecimiento subjetivo y social implican huellas cuya profundidad cuesta mucho subsanar o reparar, y más aún conseguir despliegues de capacidades inhibidas, ocultas, negadas o nunca reconocidas”.

De esta manera, el informe da cuenta de que ingresaron al Fideicomiso 263,5 millones de pesos de julio a diciembre de 2016 y de enero a marzo la suma alcanzó los 41,7 millones de pesos, totalizando así 305,2 millones de pesos en los nueve meses de vigencia. 

Pero en contrapartida, se recibieron requerimientos de los distintos Ministerios por un total de 520,6 millones de pesos, los que fueron aprobados por parte del Comité Administrador del Fideicomiso. Un monto que es 70% más alto que el ingreso efectivamente obtenido. Eso sin contar el compromiso en dólares, que hoy está en proceso de licitación para la adquisición por parte de SPSE de bombas y dos generadores de energía que totalizan casi USD 2 millones. 

A la hora de ver los distintos requerimientos se observa que mayoritariamente, salvo la asistencia y contratación de algunas cooperativas de trabajo, no hubo inversión en este primer tramo de UNIRSE en la promoción de emprendimientos productivos, uno de los ejes que habían sido anunciados a la hora de la constitución del Fideicomiso. Mayoritariamente y atento a la realidad provincial, el gasto fue netamente de corte social. 

Así el Ministerio de Salud y el de Desarrollo Social fueron los ministerios que más demanda de fondos requirieron, en orden de los 245 millones de pesos cada uno en los nueve meses.

Mucho más atrás se ubicó SPSE, con requerimientos aprobados por 9 millones de pesos y 2 millones de dólares. Seguido del Ministerio de Gobierno con una demanda de 18 millones de pesos y Educación por 2,3 millones de pesos. (Ver tabla)

El informe destaca tres ejes para evaluar los resultados de la aplicación del programa: “Fortalecimiento Familiar y de la Identidad Comunitaria”; “Acceso a la Salud, la atención equitativa y al ambiente saludable” y el “acceso a la asistencia, la formación y la organización para el trabajo”. 

 

Atención social

Fortalecimiento familiar y de la identidad comunitaria. Bajo este paraguas, se aplicaron fondos en la “Consolidación y expansión de los sistemas proteccionales, de las redes comunitarias e interinstitucionales de promoción, asistencia, efectivización y protección de derechos de género, niñez, adolescencia, juventud, discapacidad, adultos mayores”.

Protección a la Niñez: Asistencia a 3.915 niñas, niños y adolescente en situación de desprotección, con familias en situación de alta vulnerabilidad socio-económica, o viviendo en sistemas alternativos familiares, o con medidas de protección y apoyo para la atención de sus necesidades básicas.

Asistencia alimentaria: A 1.073 niños y adolescentes, adultos y adultos mayores que asisten a los Comedores dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de toda la provincia de Santa Cruz. Como así también al programa Crecer con Sabor, se entregó azúcar, cacao, mate cocido y té para la demanda de 73.554 niños, niñas y adolescentes de distintas localidades. Se entregaron 10.000 módulos, como complemento navideño, distribuidos a toda la provincia.

Fortalecimiento Social: Se implementaron 874 prestaciones en pos del fortalecimiento, apoyo y atención a personas con discapacidad. También se entregaron 568 prestaciones en apoyo y atención a adultos mayores. 

Destacan además que “se ha invertido en la construcción de viviendas para adultos mayores autoválidos en la localidad rural de Jaramillo y en el mejoramiento edilicio de la Residencia de larga estadía de adultos mayores de Puerto Santa Cruz, para remover barreras edilicias y lograr adecuación de la infraestructura a las necesidades de los titulares. 

Identidad, Género y Restitución de Derechos: Financiamiento de la Campaña provincial de “sensibilización para la prevención de las violencias contra las mujeres denominada #ParaLaMano. Apoyo para la realización de Cine debate, talleres de promoción de derechos, jornadas, volanteadas en distintas localidades. Financiamiento de 35 actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

Deporte y Cultura: Se financiaron 9 proyectos de “inversión social” para 3.972 personas de agosto a noviembre de 2016. Entre ellos, la participación de Santa Cruz en los juegos de la Araucanía, los juegos Evita y otro tipo de encuentros deportivos. 

También a través de UNIRSE “Se encuentra en ejecución un proyecto de inversión social para la adquisición de mobiliario para el Albergue Municipal y elementos deportivos y fortalecimiento a delegaciones deportivas de la localidad de Piedra Buena. Igualmente financian actividades deportivas en Puerto San Julián. 

También se destaca, en ese marco, el financiamiento de las clases de natación a alumnos de los distintos niveles en Río Gallegos (unos 1.800 en total). 

 

Atención en Salud

Acceso a la Salud, atención equitativa y al ambiente saludable. Bajo este eje, se señaló que “se ha mejorado el acceso igualitario a prestaciones de salud y atención médica favoreciendo la dotación de insumos de Farmacia y Descartables, en todos los Hospitales de la provincia”.

Equipamiento médico. También se licitó equipamiento médico como: Equipamiento para Guardia en Río Gallegos, Reparación del Resonador Magnético, Ambulancia para Tres Lagos, Respiradores de Alta Frecuencia en Caleta Olivia y Pto. Deseado, Sillón Odontológico en Piedra Buena, Equipamiento Materno Infantil, de Guardia y Oncológico en Pto. San Julián, Equipamiento de Análisis Bioquímicos en Santa Cruz, entre otros.

Profesionales. Se financió la contratación de personal especializado para el funcionamiento del Centro de Medicina Nuclear que “se encuentra en su etapa final de la obra civil”. El fortalecimiento del sistema Provincial de Residencias del Equipo de Salud. Y se procedió a la contratación de médicos especialistas “itinerantes”.

Bajo la mirada de “atención equitativa” se garantizó la “asistencia y cobertura a personas en situación de vulnerabilidad socio sanitaria”. 

Ambiente Saludable. A través de SPSE, se determinó la compra que está en licitación, de succionadores desobstructores y de dos grupos de generadores de energía que están en la etapa de pre-adjudicación con una inversión de casi 2 millones de dólares. Estos grupos de energía serían instalados en la localidad de Perito Moreno. 

También se proyecta comprar “bombas centrífugas compactas” a través de sendos concursos de precios en proceso, para la habilitación de pozos de captación de agua en Caleta Olivia. 

 

Trabajo

Acceso a la Asistencia, a la Formación y la Organización para el Trabajo. “La población en situación de vulnerabilidad socio-ocupacional accede a ámbitos de asistencia, formación, capacitación y organización para el trabajo”.

Educación: Bajo este último eje, se otorgaron prestaciones sociales para “acompañar y apoyar” la “terminalidad educativa y capacitación para la inclusión social y laboral” a 144 familias por el término de cuatro meses.

Planes. También se financió el pago de los planes sociales que existen en Caleta Olivia, iniciando con 2.598 en julio 2016 quedando 2.158 a fines de marzo de este año, fecha de corte del informe. Lo propio se hizo con 74 planes en Puerto Deseado.

Cooperativas. En este marco se destaca la “asistencia técnica, societaria y contable” a 36 cooperativas de trabajo. 

Protección Civil: Se financió la capacitación y la adquisición de algunos de los materiales necesarios para las mismas, y para el funcionamiento de los organismos intervinientes en la asistencia en casos de emergencia y protección civil. 

Seguridad: También, a través de UNIRSE se financió la confección de los nuevos uniformes para el personal policial, bajo la contratación de dos cooperativas textiles integradas por personas originalmente desocupadas y así promover la economía social. Esta cooperativa es de Puerto Deseado. 

Asistencia: Bajo el eje de “asistencia” se encuadró el financiamiento de 1.513 aportes financieros para el pago de alquiler, tratamiento médico, equipamiento habitacional, comensalidad familiar, materiales de construcción, oficios judiciales y pago de servicios, destinadas a personas de “extrema vulnerabilidad social” en 13 localidades de la provincia. 

A modo de conclusión, el Comité Administrativo del Proyecto UniRSE asegura que “la implementación y ejecución del programa contribuyó a la efectivización y fortalecimiento de políticas sociales que permitieron brindar protección integral a todas las personas y de esta forma garantizar el acceso pleno a los derechos básicos y fundamentales de toda la comunidad santacruceña, desde una perspectiva de equidad en favor de los sectores más vulnerables de la población”.

Y que “en este orden de ideas, y habiéndose realizado un análisis de la totalidad de los requerimientos presentados por los distintos Ministerios y organismos, se concluyó que la mayor cobertura se vio reflejada en materia de salud y políticas sociales”.